De cómo el Estatuto cambió de manos durante la negociación

El largo proceso para la reforma del Estatuto catalán ha estado condicionado por la exigencia legal de que la propuesta contara desde el principio con una mayoría parlamentaria que sólo podía alcanzarse sumando los escaños de los partidos del Gobierno autónomo y los del primer grupo de la oposición, Convergència i Unió (CiU).

La permanente amenaza de bloquear el proyecto permitió a CiU lanzarse a una subasta al alza en numerosos aspectos del proyecto, pero singularmente en los artículos relativos a la financiación y algunos aspectos de fuerte contenido ideológico, como la definición de Cataluña como nación y el reconocimiento de sus derechos históricos. Para desesperación de los socialistas y de Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA), a esta subasta se prestó Esquerra Republicana (ERC), lo que fue considerado por sus socios del tripartito como una ingenuidad sorprendente, cuyas consecuencias han sido fatales para la propia Esquerra.

La película de este proceso es muy significativa. El primer paso para la reforma estatutaria fue un acercamiento hace nada menos que ocho años entre el entonces aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de Esquerra, Josep Lluís Carod. En un almuerzo de ambos el 21 de octubre de 1998, Maragall abrió la vía a la reforma al aceptar la conveniencia de "añadir" al Estatuto de 1979 cuestiones relativas a la inmigración, la representación ante la Unión Europea y una Carta de Derechos sociales.

Pronto se sumó a la idea Iniciativa Verds. Y, viendo la marea que podía alzarse, en octubre de 2002, Artur Mas, entonces conseller en cap del Gobierno de Pujol, anunció también que propondría la reforma del Estatut en la legislatura siguiente, rompiendo así con la posición histórica de CiU en esta cuestión. En la legislatura siguiente, sin embargo, se produjo un cambio de mayorías: Maragall y los tres partidos de la izquierda que habían estado en la oposición entraron en el Gobierno y CiU pasó a la oposición, junto al PP.

Así pues, cuando se inició el proceso estatutario, CiU y ERC se enzarzaron en una carrera para que el proyecto incluyera sus respectivas propuestas. Como los diputados de ambos partidos nacionalistas formaban mayoría tanto en la ponencia como en la comisión parlamentaria que elaboraba el texto, lo lograron. Carod declaraba ufano el 29 de julio de 2005 que el proyecto aprobado en el trámite de comisión podía calificarse de nacionalista.

Desde entonces, el PP quedó fuera del consenso estatutario que todos declaraban pretender. Pero para alcanzar los dos tercios de los diputados requeridos legalmente había que incluir a CiU, que se mostraba remisa. Ahí entró en juego la negociación entre el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y Artur Mas. El jefe de la oposición al Gobierno de Cataluña tenía en su mano abortar la más importante apuesta de Maragall y del tripartito de izquierdas. Y en vez de negociar un acuerdo con el propio Maragall, logró negociarlo con el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero: el 19 de septiembre de 2005 se entrevistaron en La Moncloa para fijar las condiciones en que el nacionalismo moderado apoyaría el proyecto.

Aquella entrevista allanó las dificultades, de forma que CiU rebajó sus exigencias, entre otros aspectos en materia de financiación. En consecuencia, el pleno del Parlamento catalán aprobó el proyecto el 30 de septiembre con el apoyo de 120 parlamentarios -los de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA-, y la oposición de los 15 del PP. No obstante, esta votación, ampliamente superior a los dos tercios requeridos, se logró sólo en la votación global. Varios títulos de la propuesta de reforma contaban sólo con mayoría de CiU y ERC o de CiU, ERC e ICV-EUiA. Los socialistas no lograron que los otros partidos aceptaran una larga serie de enmiendas que habían presentado pese a su advertencia de que el proyecto sería rechazado en las Cortes si no se las incorporaban. CiU y ERC rechazaron "autolimitar" el proyecto y dejaron a las Cortes, y en particular al PSOE, la tarea de recortarlo.

Lo que en el lenguaje de los nacionalistas catalanes se presenta a menudo como la ominosa prepotencia de los grandes partidos españoles era, sin embargo, lo que iba a permitir a Artur Mas erigirse cuatro meses después en el último muñidor del Estatuto. Como era de prever, el proyecto aprobado el 30 de septiembre por el Parlamento catalán encendió todas las alarmas en Madrid. Durante el mes de octubre de 2005 se pronunciaron airadamente contra él todos los poderes del Estado. El Gobierno aseguró que lo reconduciría, el Poder Judicial lo rechazó abiertamente, el alto mando militar expresó su inquieta preocupación, la jerarquía eclesiástica pidió oraciones por la unidad de España y el Banco de España, la patronal CEOE, los sindicatos CC OO y UGT advirtieron sobre los riesgos de ruptura del mercado y la Seguridad Social. La mayoría de los Gobiernos autónomos lo juzgaron inaceptable. El PP, que animaba con entusiasmo ese rechazo, comenzó a recoger firmas en toda España en contra de un proyecto del que aseguraba que "rompía" España. Recogió 400.000.

A finales de 2005 y principios de 2006, el PSOE y los partidos catalanes emprendieron bajo esa presión las negociaciones para que el proyecto pudiera ser asumido por las Cortes. CiU se negó a negociar en un frente común con los otros tres partidos que habían apoyado el proyecto en Cataluña. Pasaban las semanas, los embates del PP contra el presidente Zapatero por no rechazar las exigencias de Cataluña arreciaban. Pero no había forma de lograr un acuerdo. Poco a poco se identificaban los puntos donde parecía imposible una aproximación: la definición de Cataluña como nación, la fórmula de financiación, la gestión de algunas grandes infraestructuras del transporte y las comunicaciones, la exigencia del conocimiento del idioma catalán como un requisito para jueces y magistrados en Cataluña, entre otros.

El 21 de enero, por la mañana, el Comité Federal del PSOE instó a Zapatero a lograr un acuerdo de forma inmediata o liquidar el proceso. En la tarde-noche del mismo día, Zapatero y Mas se reunieron durante más de seis horas en La Moncloa y desbloquearon los principales puntos de desacuerdo. Encontraron fórmulas aceptables para todo y en particular para la financiación y la definición de Cataluña como nación.

Los acuerdos a que llegaron fueron introducidos en el proyecto durante su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso. El pleno de esa Cámara lo aprobó el 30 de marzo. Dos meses después lo hizo el Senado, el 10 de mayo. El PP consideró insuficientes las numerosas modificaciones y continuó oponiéndose radicalmente al nuevo Estatuto. Sostiene todavía que rebasa el marco constitucional y "liquida" el modelo de Estado de las Autonomías. Esquerra, dolida por el protagonismo de CiU, rechazó asumir los acuerdos de Zapatero y Mas, pero consideró que el proyecto contenía avances como para no cerrarle el paso, opción que tenía en la votación del Senado. Pero finalmente decidió permitir la aprobación por la vía de abstenerse.

Así fue como un proyecto que empezó en las manos de Maragall y Carod terminó en las de Zapatero y Mas.