La patronal del Metal de Vizcaya da por cerrada la negociación del convenio

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) anunció ayer que ha dado por concluida la negociación del convenio del año en curso y responsabiliza a los sindicatos del "reiterado bloqueo" del proceso. La patronal, que adoptó una postura similar en los dos ejercicios anteriores, recomienda a las empresas asociadas aplicar un incremento salarial del 3,2% sobre las tablas de 2005.

Comisiones Obreras calificó de "irracional y prepotente" esta decisión, una postura que comparten el resto de los sindicatos, que acusan a la patronal de pretender "dar por muerta" la negociación colectiva. Las centrales sostienen que todavía está pendiente la negociación de los convenios correspondientes a 2004 y 2005, por lo que han rehusado entrar a negociar directamente el de 2006, como pretendía la FVEM.

A través de un comunicado, la patronal explicó que, a pesar de haber convocado a CC OO, UGT, ELA y LAB a constituir la mesa para negociar el convenio de este año, los sindicatos manifestaron su decisión de no dar por cerrada la negociación para los años 2004 y 2005, por lo que no han contestado a su propuesta para los años 2006-2008. La FVEM reconoce que sus recomendaciones no obligan a las empresas asociadas, por lo que sería posible que las compañías pactaran con los sindicatos acuerdos por encima de ese incremento, que, según afirma, es "superior a la media" de los 27 convenios provinciales del sector firmados hasta la fecha. En cuanto a la jornada, y en sintonía con la postura de las patronales vascas, la del metal recomienda mantener las 1.688 horas en jornada continuada y 1.708 en jornada partida.

No a regular la huelga

ELA se opone a cualquier intento de regular el derecho de huelga por considerar que con el actual marco "es suficiente" y, sobre todo, porque "cualquier cambio será a peor", según manifestó ayer Germán Kortabarria, secretario general adjunto de ELA. El número dos del sindicato mayoritario presentó en Bilbao el libro La huelga, del sindicalista y abogado Karmelo Merino, editado por la Fundación Manu Robles Aranguiz, vinculada a la central.

El libro recoge el estado actual de la regulación de la huelga en España, constituida fundamentalmente por la jurisprudencia de los tribunales que ha desarrollado este derecho. Kortabarria criticó la tendencia del Gobierno vasco a dictar servicios mínimos "abusivos" que, a su juicio, limitan gravemente el ejercicio de esta prerrogativa de los trabajadores.