La pobreza se ceba en los inmigrantes y en las familias monoparentales
Cáritas acusa a las administraciones de invertir poco para acabar con la exclusión
La pobreza se cronifica en muchos hogares catalanes y se ceba cada vez más en las mujeres, los niños y los inmigrantes. Éste es el diagnóstico que hace Cáritas en la memoria correspondiente al año pasado, en la que acusa a las administraciones de "no haber hecho aún una apuesta decidida" para luchar contra la exclusión social. De las 22.463 personas atendidas por Cáritas el año pasado, el 76% son inmigrantes y casi el 60% son mujeres.
"La realidad es tozuda", dijo ayer Jordi Roglà, director de Cáritas de Barcelona, tras destacar que la actividad llevada a cabo por esta entidad diocesana en los últimos años evidencia una "cronificación de problemas" que conducen a las personas a la exclusión social: precios prohibitivos de la vivienda, pensiones que no alcanzan los 300 euros mensuales, explotación laboral de inmigrantes sin papeles, entre otros.
Las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables a estos problemas sociales, como Cáritas ha podido comprobar: "Estamos viendo que, con el paso de los años, la pobreza cambia de rostro: ya no es el de un hombre adulto, sino el de una mujer joven, sola, que debe hacerse cargo de sus hijos sin ayuda ni de la familia, ni de la red de equipamientos sociales, ni de prestaciones suficientes", señaló Carolina Roig, responsable del área social de Cáritas. Roig recordó, a modo de ejemplo, que las plazas ofertadas para escolarizar a niños de cero a tres años en Barcelona apenas cubren el 53% de la demanda. "Quienes no han tenido plaza deberán buscar una guardería privada, contratar canguros o recurrir a los abuelos", destaca Cáritas en su informe.
En 2005, Cáritas atendió a 22.463 personas, 1.445 más que el año anterior. Casi el 60% son mujeres en situación de exclusión social y el 12% son madres sin apoyo alguno para mantener a sus hijos. Las mujeres son también el colectivo que más ha demandado el servicio de atención psicológica de Cáritas, en el que se abordan trastornos causados por el "sufrimiento y la desesperación por vivir situaciones adversas". De las 245 personas atendidas en este servicio, el 73% son mujeres de 25 a 45 años. El 57% de las personas que han acudido a este servicio son inmigrantes, cuya situación administrativa irregular, la explotación laboral y el hacinamiento en pisos sobreocupados "les dificulta el desarrollo de una vida sana".
Cáritas ha constatado en los últimos años un progresivo aumento de inmigrantes entre las personas a las que presta ayuda económica y social. Dos tercios del total de atendidos en 2005 son de procedencia extranjera, la mayoría suramericanos.
La ONG católica advierte también de que la pobreza se perpetúa entre los niños y jóvenes. Casi la mitad de los atendidos el año pasado pertenecían a este grupo.
Cáritas destaca también su apoyo a los ancianos, especialmente a las viudas con pensiones de 288 euros mensuales. "¿Qué les solucionará [a estas mujeres] una paga compensatoria?", se pregunta Cáritas. La entidad critica a las administraciones por no haber hecho aún "una apuesta decidida para invertir los recursos necesarios para luchar contra el aumento de la pobreza, a pesar de iniciativas como la ley estatal de dependencia o la futura ley catalana de Servicios Sociales". "Las entidades sociales no pueden sustituir la responsabilidad de las administraciones", añade Cáritas.
Pisos sobreocupados
Las ayudas económicas para la vivienda se llevan ya más de la mitad del presupuesto de Cáritas. El año pasado, la institución dicocesana destinó 533.000 euros para ayudar a ciudadanos a pagar el alquiler de un piso o de una habitación, o para impedir que fueran desahuciados.
El director de Cáritas, Jordi Roglà, advirtió de que la mitad de las personas atendidas el año pasado por la entidad viven en pisos compartidos, sobreocupados o habitaciones realquiladas. Entre los que encuentran en esta situación, el 57% son familias sin recursos y una cuarta parte son madres jóvenes y solas con hijos a su cargo "que sufren las severas consecuencias de la exclusión residencial y la insuficiente oferta de vivienda protegida".
Cáritas advierte de que el hecho de vivir en pisos compartidos, casi siempre de dimensiones reducidas, generan tensiones que dificultan la convivencia. La situación se agrava cuando hay niños, agrega la entidad, ya que "su rendimiento escolar puede verse afectado por la precariedad de la vivienda y la falta de un ambiente adecuado".
Sólo el 10% de las personas atendidas por Cáritas que viven en esta situación de "infravivienda" son de nacionalidad española. El 90% restante son inmigrantes, muchos de los cuales se hallan excluidos del mercado de la vivienda y se ven obligados, por su situacion administrativa irregular, "a aceptar cualquier precio y condición para tener un techo".
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