Un templo constitucional

Unos 40 fieles asistieron ayer a la misa dominical de las 13.30 en el Oratorio San Felipe Neri. Muy lejos de las más de 200 que llegaron a acudir hace varias semanas, en plena polémica por el futuro uso de este histórico edificio de Cádiz, donde se proclamó la Constitución de 1812. La Iglesia y la Junta van a negociar el futuro del templo. A cambio de inversiones autonómicas, el Obispado podría cederlo para reconvertirlo en un gran centro cultural y educativo de carácter permanente, auspiciado por la conmemoración en 2012 del bicentenario de la Carta Magna. Pero estas conversaciones se han encontrado con la oposición del Ayuntamiento (PP) y de un grupo de católicos que, con aisladas protestas, como la asistencia masiva a la iglesia o concentraciones a sus puertas, se han opuesto a la cesión.

El rector del templo es uno de los que se opone a la desacralización

La Iglesia y la Junta han mostrado su intención de dialogar. El Gobierno andaluz trabaja sobre un proyecto basado en cuatro ideas fundamentales: un museo con nuevas tecnologías y soportes audiovisuales; una biblioteca de fondos documentales para la investigación; una sede para la formación de especialistas y la realización de congresos sobre valores democráticos; y un observatorio del constitucionalismo. Una fundación pública, con un patronato, se encargaría de gestionarlo.

El principal motivo para la polémica es si se debe desacralizar o no el templo. Fuentes socialistas mantienen que sí, ya que los usos religiosos podrían obstaculizar la conversión del oratorio en el gran centro constitucional que se pretende. Algunos grupos de católicos se han movilizado en contra de la posible desacralización. "Esto es una joya de la cristiandad. Tiene que seguir siendo templo de culto y caben acuerdos sin llegar a extremos", han expuesto en sus reivindicaciones. El Ayuntamiento, que había ofrecido en 1999 un acuerdo similar a la Iglesia, se opone al proyecto que ahora lidera la Junta.

Para el secretario local del PSOE, Federico Pérez Peralta, la alcaldesa, Teófila Martínez, ha "dirigido" toda la operación de oposición a las conversaciones entre la Junta y la Iglesia. E incluso algunos católicos también han criticado el carácter "de confrontación política" de las protestas. Es el caso de Juan Cejudo, miembro de las Comunidades Cristianas Populares, de carácter renovador y progresista, quien, en una carta, se ha preguntado "si las concentraciones se hubiesen convocado si la idea hubiese surgido del Ayuntamiento gaditano, del PP, en vez de la Junta".

El Obispado, en un comunicado, ha defendido su derecho a hablar con las administraciones y ha aclarado que, de momento, no se ha planteado la eliminación de las actividades religiosas como condición para las negociaciones. La cesión permitiría obtener financiación para obras pendientes, que la Iglesia no puede ejecutar por sí misma a causa de la falta de fondos propios.

El rector del templo desde hace ocho años, Manuel de la Puente, es uno de los que se opone a la desacralización. "Sería un error, un atentado a la Historia, a la cultura y a las posibilidades evangelizadoras del recinto", ha escrito en recientes artículos. Aunque reconoce que los actuales usos religiosos del oratorio son muy limitados: una misa diaria, los cultos de la Hermandad de Luz y Aguas y algunos actos aislados. Las homilías en días laborables de las 9.30 apenas son oídas por una docena de personas. Una cifra que en domingo casi nunca ha superado el medio centenar, salvo cuando se han organizado las protestas. La más multitudinaria, con 200 personas, se organizó en mayo. Los de ayer eran, de nuevo, los asistentes habituales, los más fieles.