"El derecho canónico debe figurar de forma explícita en la LOE"

Los obispos van a pelear la ley educativa hasta el final. La asignatura de Religión no ha quedado recogida como pretendían, en igualdad de condiciones con las demás, pero quizá eso es ya, con la ley aprobada, una batalla perdida. La Iglesia concentra ahora su interés, sobre todo, en los profesores de Religión. "Como la Religión no es obligatoria, el peligro está en que no haya demanda, por tanto, es importante la calidad del profesor y de la enseñanza que imparte", señala el obispo de Málaga, Antonio Dorado (Urda, Toledo, 1931), que es también el presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal.

En conversación telefónica, Dorado explica que "la inestabilidad [laboral] de los profesores de Religión no proviene de los obispos" y reivindica el derecho de la Iglesia a "intervenir" en los casos en que sus profesores dejen de ser "personas idóneas" para impartir estas enseñanzas. "No se trata de amenazas, sino de salvaguardar el derecho de los padres" a que sus hijos reciban la formación "adecuada".

Los obispos proponen a sus profesores, pero su remoción ahora se "ajustará a derecho"

La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha metido a los profesores de Religión bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores, una antigua demanda del colectivo. Hasta ahora, los obispos proponían a sus candidatos pero, cuando consideraban que había dejado de ser la persona idónea para el puesto, sus nombres desaparecían de la lista. Divorciarse, salir de copas o militar en sindicatos ha bastado en ocasiones para perder el trabajo. Más de una vez los tribunales han sentenciado en contra de estos despidos, pero ha sido la Administración educativa, como contratadora, la encargada de pagar las indemnizaciones. Las multas acumuladas desde 1989, costarán al Gobierno 330 millones de euros en total. Por eso se ha cambiado la ley: los obispos seguirán proponiendo a sus profesores, pero la remoción de estos docentes ahora "se ajustará a derecho".

Ésta es la coletilla que los obispos quieren modificar en el desarrollo de la ley. "Se ha de asegurar que ese derecho sea civil, pero también canónico. Que no sean juzgados simplemente por las leyes civiles, también por el derecho canónico". "Queremos que el derecho canónico figure explícitamente en la LOE", insiste Dorado. De esa forma, aquel que se aparte de la doctrina eclesial (divorcios, copas, sindicatos) podría ser sustituido. Y añade: "Ha habido muy poquitos casos [de despidos improcedentes]; la Administración ha tenido que pagar muchos juicios perdidos porque no cumplieron los acuerdos, tenían que pagar a estos profesores como a los interinos y eso no se cumplió", asegura Dorado. "En 36 años que llevo de obispo solamente no he propuesto a dos personas por no transmitir fielmente la enseñanza", pone de ejemplo el obispo de Málaga. "Siempre hemos propugnado la estabilidad [de los profesores] pero si se cumplen las condiciones para las que se les propuso", advierte.

Medio siglo lleva casado con la Iglesia Antonio Dorado. Y justo el día que celebraba sus bodas de oro, el Ministerio de Educación citó a la Conferencia Episcopal para debatir estos asuntos. "No podía faltar, es que como si celebras una boda y no va el novio", bromea. Le sustituyó Fidel Herráez, miembro de la comisión que él preside. La situación laboral de los profesores de Religión centró aquel día buena parte del debate.

Dorado reconoce que han pedido una prórroga en el ministerio para implantar la ley en lo que les concierne porque "hay algunas cuestiones por concretar". No se sabe si la religión tendrá alternativa y tampoco, dice, podían arrancar el curso cuando ya había tomado medias como la propuesta de profesores antes de la nueva ley.

Por lo demás, Dorado se defiende de algunos profesores que le acusan de haber proferido amenazas de despido contra ellos: "De ninguna manera, me suena a altanería y presunción, dos características de las que carezco".

Los obispos no mienten, ¿no?

"Al menos no de mala fe".