Los trenes estarán más cerca

El Estatuto dedica dos artículos a regular las competencias catalanas en materia de transporte: los números 140 y 169. En algunos casos lo que hace es concretar competencias que el texto de 1979 ya preveía, pero supeditadas a acuerdos con la Administración central, que, por uno u otro motivo, no han acabado por producirse.

Un caso claro es la competencia ferroviaria. El nuevo Estatuto deja claro que las competencias ferroviarias corresponden al Gobierno catalán en todas aquellas líneas que discurran de forma completa por territorio catalán. Hay dos líneas que satisfacen este requisito: las de los trenes de Cercanías y las de los servicios regionales.

Una vez aprobado el Estatuto, las competencias de gestión de ambos servicios pasarán a depender del Gobierno catalán. Un asunto al que ayudará no poco la separación de la antigua empresa Renfe en dos: un gestor de las infraestructuras (vías, túneles, señales), que es Adif, y un operador de trenes, que es Renfe. De hecho, hay sectores de Renfe en Cataluña que ya aplazan determinadas decisiones hasta la adaptación al nuevo marco competencial. El Gobierno catalán tendrá, también, competencia en materia de puertos y aeropuertos, siempre que éstos no sean declarados de interés general.

Las competencias sobre los aeropuertos, particularmente sobre el aeropuerto de El Prat, ha sido uno de los caballos de batalla del nuevo texto del Estatuto y, finalmente, quedó fuera del mismo por las dificultades de llegar a un acuerdo. Hay un compromiso por parte del Gobierno central de abordar el asunto en leyes específicas en los próximos meses, pero al margen de la redacción del Estatut.

Lo que ha quedado es que la competencia sobre los cuatro aeropuertos principales (Barcelona, Girona, Reus y Sabadell) corresponde al Gobierno central y el resto de aeropuertos y aeródromos son competencia del Ejecutivo autonómico.

Lo propio ocurre en materia de puertos, aunque en este caso los puertos de interés general son menos: Barcelona y Tarragona, y la situación es más flexible debido a que la vigente ley de puertos ya prevé la participación del Gobierno catalán que nombra, incluso, el presidente de la autoridad portuaria.

El Gobierno catalán aumenta también las competencias que ya tenía sobre el transporte urbano y la regulación tarifaria de los transportes terrestres.