El Gobierno pide al Poder Judicial medidas contra la juez que cuestionó las bodas gays

El Ministerio de Justicia ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pide que se adopten medidas contra la juez del registro civil de Dènia, Laura Alabau, por haber dirigido críticas al Gobierno y a la Fiscalía a raíz de que algunos medios denunciasen que tenía paralizadas bodas de homosexuales extranjeros. La juez Alabau fue la primera en elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay, lo que provocó la paralización de la boda de unas lesbianas durante meses, hasta que el Tribunal Constitucional rechazó la cuestión.

A raíz de que se publicasen recientemente algunas informaciones en las que se decía que Alabau tenía paralizados tres expedientes de matrimonios homosexuales extranjeros, el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, realizó unas declaraciones en las que acusó a la juez de tener paralizados los expedientes. En réplica a este fiscal, la juez de Dènia remitió un escrito al fiscal jefe de Alicante negando que tuviese retenidos los expedientes e indicando que López Coig nunca se había interesado por el Registro Civil y sólo lo había hecho respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, "como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales".

"Intereses políticos"

En el mismo escrito, que la juez hizo remitir a los medios de comunicación, ésta señalaba que la interpretación realizada por la Dirección General de los Registros sobre el matrimonio homosexual de extranjeros era "una interpretación ilegal, sólo movida por intereses políticos y propagandísticos". Además, aseguraba haber tenido que soportar "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y añadía que el fiscal López Coig se había convertido "vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno", al perseguir a quienes imparten justicia "no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".

El Ministerio de Justicia ha indicado al Consejo del Poder Judicial que tales manifestaciones "suponen una transgresión de la mesura esperable de un funcionario" sujeto al estatuto de los jueces y "una falta de respeto a la verdad" sin más fundamento que "las apreciaciones personales de la juez". Según el ministerio, la juez de Dènia hace una "acusación directa" y "carente de fundamento" al Gobierno, al que imputa tener un "aparato propagandístico" y haber ejercido "una persecución contra la juez firmante del escrito".

Justicia subraya que esas acusaciones las ha hecho Alabau "invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición" y además, suponen una falta grave de consideración respecto a los miembros del Ministerio Fiscal, pues se acusa a López Coig de comportarse "vergonzosamente", de constituir un "apéndice del Gobierno" y de participar en la estrategia de "persecución a los jueces". El Ministerio de Justicia rechaza estas imputaciones como "falsas" y las pone en conocimiento del Consejo del Poder Judicial "a efectos de que se adopten las medidas correspondientes, incluyendo, en su caso, la apreciación de las faltas graves previstas en el artículo 418.35 y 418.5 de la ley orgánica del Poder Judicial". Dichos preceptos se refieren a la censura dirigida a autoridades por los jueces, invocando su condición, y a la falta grave de consideración a los miembros del Ministerio Fiscal. Las faltas graves se sancionan con multas de 300 a 3.000 euros.

Según fuentes jurídicas, la juez ha rechazado tramitar los expedientes de tres bodas gays entre extranjeros o entre españoles y extranjeros por entender, en contra de la interpretación de la Dirección General de los Registros, que éstos no pueden ser inscritos porque no están reconocidos en sus respectivos países. Alabau negó que hubiese retenido los escritos y añadió que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia".

El Colectivo Lambda de Lesbianas y Gays de la Comunidad Valenciana ha pedido la destitución de la juez de Dènia.