El crimen entra en la campaña de Perú

La avenida El Derby es, en apariencia, un lugar de paso y circulación rápida del distrito de Surco, al este de Lima, pero las miradas vigilantes y las prisas de los transeúntes de las zonas próximas denotan pronto que no es así. "Cuidado con los plagios [secuestros]" es la expresión más escuchada en esta zona de la capital, que tiene salida rápida a varias vías importantes y, por tanto, se convierte en uno de los lugares predilectos de los delincuentes para "plagiar" a sus víctimas.

"No conviene pasar con un auto muy llamativo, porque entonces le hacen parar y le llevan a una furgoneta", explica Jorge Dávila, un comerciante que al igual que el 89% de la población de Lima considera que, aunque la tasa de delincuencia no sea de las más altas de América Latina, la sensación de inseguridad en Perú ha aumentado, y mucho. Los políticos lanzados en campaña han encontrado en ello un filón.

Humala quiere crear comités de autodefensa y García baraja aplicar la pena de muerte

En algunas zonas, se recomienda pagar un peaje a una banda para que proteja al visitante

En más de 39 zonas, tanto de Lima como del vecino puerto del Callao, es recomendable acceder tras el pago de una chaqueta o peaje a una banda local que se encarga de la "protección" del visitante. Éste debe tratar además de no verse involucrado en las escaramuzas que protagonizan las más de 40 bandas organizadas que la policía tiene fichadas. Muchos policías libres de servicio realizan horas extras para empresas o particulares que pagan para tener a uno o varios uniformados armados frente a sus edificios. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 8,9% de la población sufrió en 2005 alguna agresión o robo. Según las cifras manejadas por el Ministerio del Interior, el 80% de las víctimas de un asalto y el 90% de un hurto no denuncian el hecho.

La seguridad ciudadana es uno de los puntos fuertes en torno a los que giran las propuestas de los candidatos a las presidenciales del próximo domingo. El ex militar nacionalista Ollanta Humala propone que comités de autodefensa y rondas campesinas formen parte del sistema de seguridad nacional, mientras que el ex presidente socialista Alan García promete aplicar la pena de muerte a violadores y asesinos de niños.

La pena de muerte está contemplada en la Constitución peruana para los delitos de terrorismo y traición a la patria, pero organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) ya han advertido de que la propuesta de García es inviable, al menos sin violar diversos tratados internacionales que tiene firmados Perú. La división peruana de AI ha expresado su preocupación por lo que considera una "ignorancia flagrante" de ambos candidatos presidenciales en materia de derechos humanos.

"Yo, que tengo trabajo, hay zonas que no veo jamás y no hablo de lugares lejanos, sino del centro, como La Victoria, donde hay establecimientos comerciales al lado de un distrito muy pobre", dice Willy Medina, un empleado que apunta al desempleo y la pobreza como causa del aumento de la delincuencia. A ello se suman fenómenos como el narcotráfico, cuyas grandes bandas locales -como Los Norteños- son conocidas en toda la ciudad.

Los alcaldes responsables de los distritos que forman Lima denuncian que se han multiplicado los secuestros en la capital peruana, que ya no tienen sólo por objetivo ciudadanos acaudalados o con aspecto de extranjeros, sino que se han extendido a otras capas de la población, en principio menos favorecida. Una de las técnicas que los secuestradores han comenzado a utilizar es la de hacerse pasar por transporte público.

En Lima, al igual que en otras capitales latinoamericanas, numerosos vehículos monovolumen ejercen como autobuses en los que, además de un conductor, el copiloto va gritando el destino a los viandantes. Se trata de un transporte barato utilizado por personas que no tienen vehículo propio o recurso para pagarse un taxi. Por eso la sorpresa es mayúscula cuando la víctima, una vez en el interior, es encañonada y se percata de que todos los pasajeros forman parte de la banda.

Lo habitual es que los secuestrados inicien un interminable recorrido por diversos cajeros automáticos en los que son obligados a sacar dinero y luego son liberados, aunque cuando el nivel económico de la víctima es superior, la experiencia es más traumática, con varios días de reclusión, palizas e incluso extorsión a los familiares mediante cartas en las que se incluyen dedos. Así le sucedió a un empresario limeño secuestrado el pasado día 7 con el truco de dejar bolsas a la puerta de su casa y esperar a que saliera a retirarlas. Fue liberado malherido, tras siete días de torturas.

Parecida suerte corrió el armador español Andrés Gude, quien fue secuestrado mientras realizaba una visita de negocios a Lima el pasado 29 de marzo. Después de 11 días apareció con dos heridas de bala, una en el brazo y otra en una pierna. Ya había sufrido otro intento de secuestro y en las investigaciones posteriores han sido detenidos varios policías y ex policías por su implicación en el caso.

"Hay que cambiar la actitud de la policía frente a la sociedad, equipar mejor a los agentes, aumentar el sueldo a los agentes y que los alcaldes participen en la elección de los comisarios", subraya Gustavo Sierra, alcalde del distrito de Surquillo. Desde 2003 rige el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que faculta -y obliga- a los alcaldes a establecer las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad en las calles, pero en el debate mantenido hace dos semanas García y Humala demostraron desconocer las características de la normativa.