Cruce de caminos

El presidente del Gobierno abrió ayer el debate sobre el estado de la nación hablando de lo que, según el líder de la oposición, Mariano Rajoy, más interesa a los ciudadanos -empleo, educación, seguridad y otros problemas sociales- y pasando de puntillas sobre lo que, según el propio Rajoy, no interesa a nadie: las reformas territoriales. La paradoja estuvo en que fue de esto último de lo que más habló Rajoy. Ambos discursos acabaron cruzándose más tarde en torno a la cuestión territorial, mientras que los dos evitaron entrar a fondo en el asunto más candente del momento: las expectativas abiertas por el alto el fuego de ETA. El presidente se limitó a pedir la colaboración del PP, y Rajoy, a marcar escuetamente las líneas rojas que no deberían traspasarse en los contactos previstos con la banda.

Las profecías catastrofistas de Rajoy en el debate de 2005 sobre la economía no se han verificado, según demostró Zapatero con datos. No lo dijo así, pero el mensaje implícito fue que este Gobierno aplica medidas liberales para crecer (incluyendo las reformas fiscales) y socialdemócratas para redistribuir. El presidente se mostró en este tema muy seguro y solvente en el manejo de las cifras: todos los parámetros han mejorado desde que gobierna, lo que desmiente el argumento de que los socialistas están malbaratando la herencia saneada que se encontraron. Hubo menciones reiteradas a los jóvenes y anuncio de medidas concretas para favorecer su acceso a la vivienda, por un lado, y a empleos fijos, por otro. También las hubo para las personas mayores y dependientes, objeto de la ley de mayor calado social de la legislatura.

La discusión sobre la seguridad ciudadana resultó brumosa por el empeño de llevar el debate a terrenos estadísticos. Lo único sustantivo fue la importancia que parecen dar ambos partidos al incremento de las plantillas de los cuerpos de seguridad. Por el contrario, es dudosa la utilidad práctica, disuasoria, de las nuevas reformas en el Código penal, sobre todo la agravación de penas para ciertos delitos, planteadas para hacer frente a la alarma creada por los asaltos a viviendas. Rajoy acusó a Zapatero de carecer de política de inmigración y volvió a hablar de "efecto llamada", "papeles para todos" y otros tópicos a propósito de una regularización que, como recordó Zapatero, han tenido que abordar todos los gobiernos europeos, incluido en el de Aznar. El presidente recordó la más que criticable gestión del propio Rajoy y su compañero Acebes en su época de ministros del Interior para defender su política en inmigración y seguridad, un tema especialmente sensible para los ciudadanos.

Rajoy acusó a Zapatero de ser culpable de la ruptura del consenso sobre la reconciliación entre españoles. Aunque la acusación sea injusta, tiene razón el líder de la oposición al decir que los españoles de hoy están muy mezclados en cuanto a los bandos que entonces se enfrentaron, y que no tiene sentido un concurso para determinar a qué bando pertenece cada familia o para considerar a los partidos democráticos de hoy continuadores de los que se enfrentaron hace 70 años. Rajoy citó varias veces el Pacto del Tinell como prueba de políticas excluyentes contra su partido en aras de favorecer la alianza del PSOE con formaciones nacionalistas. Tanto Carod como Maragall reconocieron en su momento públicamente que fue un error introducir en ese pacto el compromiso de no pactar con el PP en ninguna institución.

Ambos líderes coincidieron en acusarse recíprocamente de carecer de una idea clara de España. El uno por no entender su pluralidad y el otro, por ir a remolque de aliados inseguros. El catastrofismo del PP en las cuestiones más afiladas de la política territorial ha impedido llegar a acuerdos en asuntos en los que tal vez estaban más de acuerdo entre sí que cualquiera de ellos con los demás grupos. Sin embargo, que las reformas en marcha no hayan provocado la ruptura de la unidad de España, como auguraron los más sectarios de la derecha, no convierte necesariamente en convenientes tales reformas. En esto faltó un punto de autocrítica de Zapatero, al menos sobre su compromiso de avalar cualquier proyecto que llegase de Cataluña. Zapatero insistió en la conveniencia del máximo consenso en las reformas territoriales pero incluyendo a las formaciones nacionalistas, lo cual puede considerarse una autocrítica respecto a los pactos autonómicos PSOE-PP del pasado.

La descalificación sumaria practicada por Rajoy en materia de política exterior (España ha desaparecido del mapa, sus amigos nos nacionalizan nuestras empresas en Bolivia, etcétera) puso fácil a Zapatero la respuesta al preguntar si, ahora que Bush y Blair han reconocido los graves errores cometidos en relación con Irak, hará lo mismo el PP ante el Parlamento y ante los ciudadanos españoles.

El debate no fue ayer tan bronco como el del año pasado, incluyendo la actuación de las bancadas respectivas, pero estuvo a punto de descarrilar por la gresca montada sobre los tiempos concedidos a la oposición, que Rajoy planteó de manera demagógica (nadie le "expulsaba de la tribuna", como dijo) y que el presidente Marín no acertó a encauzar.