Los rectores aceptan los principales puntos de la reforma universitaria

Los rectores han aceptado de buen grado la reforma de la ley universitaria que ha presentado el Gobierno sobre todo en lo que se refiere a la flexibilidad y autonomía que se concede a las universidades para diseñar su vida académica y organizativa. "Sabremos responder con responsabilidad", aseguró ayer el presidente de los rectores, Juan Vázquez. Cree, sin embargo, que quedan algunas cuestiones pendientes que intentarán consensuar en las próximas semanas. Una de ellas se refiere a un artículo que afecta a la universidad privada y que confían en corregir.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que ha de pasar todavía los trámites parlamentarios, parece tener, ahora sí, los parabienes de los rectores. "Se ha producido un avance indudable si se tiene en cuenta que en el futuro se puede aún contribuir a redondear la ley", dijo ayer Juan Vázquez. Se refería, por un lado, a los desarrollos que ha de pasar la LOU, en los que, confían, todavía están a tiempo de introducir algunos cambios; y, por otro, al espíritu de diálogo que perciben en el nuevo ministerio. "Ya hemos perdido bastante tiempo y convendría no perder más", dijo, en alusión a los trámites que se emprendieron durante el anterior gabinete de Educación.

¿Qué le falta a la ley? Algunas cuestiones sobre profesorado y estudiantes. Para los profesores, los rectores quieren que haya contratos de sustitución, por ejemplo, y algunos otros flecos, pero valoran especialmente que se haya modificado la forma de selección de los docentes funcionarios, que ahora será mediante la presentación de unos méritos y la posterior criba por parte de un tribunal académico compuesto por profesores de reconocido prestigio. "También pretendíamos que se hubiera dado un mayor impulso al rejuvenecimiento de las plantillas", citó además Vázquez.

Respecto a los estudiantes, esperaban más en lo que se refiere a becas, formación integral. A pesar de ello, se muestran de acuerdo con el "avance" que supone la posibilidad de que la universidad y la empresa puedan mantener intercambios más fluidos.

Las pocas críticas que ayer se oyeron en el Consejo de Coordinación Universitaria tenían dos motivos. Por un lado las universidades privadas protestan por los cambios que introduce la ley sobre su forma de organizarse. Se les exige que garanticen que las decisiones de naturaleza académica se adopten por órganos en los que el personal docente e investigador tenga una representación mayoritaria, incluyendo en estas decisiones la elección del rector. Las privadas creen que eso va demasiado lejos. "Debería concretarse qué se incluye cuando se habla de decisiones de naturaleza académica", pidió Vázquez. Cree que las universidades no son igual que otras empresas privadas, y, aunque opina que deben perseguir los mismos objetivos que las demás de calidad, no están tan seguro sobre quiénes han de elegir al rector o tomar ciertas decisiones en las universidades privadas. Luego esperan que ese artículo "se someta a revisión".

El resto de las críticas las pusieron los representantes del Parlamento que participan en el Congreso a propuesta del PP. Entienden que la reforma abre la puerta a un riesgo que siempre se le ha achacado a la universidad cuando seleccionaba a sus profesores: la endogamia. "Temen que el exceso de autonomía redunde en un reclutamiento interesado del profesorado", resumió la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Sin embargo, eso no preocupa a los rectores, que, con la ministra, entienden que la universidad "ya es mayor de edad y es la primera interesada en contratar profesores e investigadores de calidad". "¿Es posible que esa flexibilidad pueda mal utilizarse? Pues sí, pero cuando se es mayor de edad no se puede tener un vigilante continuo", dijo Cabrera. Y recordó que, en contrapartida, las universidades habrán de pasar evaluaciones y dar cuentas de su trabajo a la sociedad.

Por último, a los rectores les "extraña" que no se haya cambiado en la reforma el apartado de la financiación. "No se han tenido en cuenta nuestros planteamientos", dijo Vázquez, quien pone voz, de nuevo, a una queja antigua de los rectores, una financiación universitaria que asegure una inversión estable, "aunque no sea recogido en la ley".