Rajoy obliga a Matas a rectificar y a no copiar el sistema financiero catalán

La dirección del PP, que encabeza Mariano Rajoy, reclamó a finales de la semana pasada a Jaume Matas, presidente de Baleares, que modificara la redacción de la disposición transitoria octava para evitar que se le pueda acusar de haber copiado el modelo del Estatuto catalán. En concreto, el texto pactado entre populares y socialistas en Baleares pedía a la Administración central que dedicara en los próximos 10 años el 2,5% de la inversión pública a esas islas, de forma que al concluir el decenio esas inversiones no fueran inferiores a los 3.000 millones de euros.

La dirección del PP pidió a Matas eliminar esa pretensión de que el 2,5% de las inversiones sean para Baleares porque Rajoy ha defendido en múltiples foros que los estatutos de autonomía no pueden decirle al Estado cuánto tiene que invertir en sus territorios pues ésa es una decisión de las Cortes Generales como sede de la soberanía nacional. Matas accedió, y el PP de Baleares introdujo el viernes una enmienda a su propio texto en la que sólo reclama, como deuda histórica con esa comunidad autónoma, un total de 3.000 millones de euros a pagar en 10 años.

Déficit histórico

El propio Matas hizo una alambicada referencia a esa enmienda en una conferencia de prensa el pasado viernes. Señaló que iba a "recuperar", en el marco de la financiación de Baleares, su reivindicación inicial de una cuota de inversión estatal de 3.000 millones de euros "por déficit histórico de infraestructuras públicas" vinculadas a la insularidad, que deberían hacerse efectivas en un plazo de entre cinco y 10 años. Matas mantuvo que había cambiado el formato de esa reivindicación, solicitando un porcentaje de las inversiones totales del Estado, porque así lo pactó con el PSOE. Pero que lo modificaría para que no tuviera nada que ver "con el traje a medida" de Cataluña.

Fue el propio Rajoy quien dio instrucciones para que Matas rectificase la redacción de esa disposición transitoria. Y Ángel Acebes, su número dos, quien se lo trasladó al presidente balear. Le pidió que evitara a toda costa que en un Estatuto de una autonomía gobernada por los populares fuese aplicable una crítica de la que el PP ha hecho bandera en contra del Estatuto catalán.

En concreto, en la propuesta de veto al proyecto catalán que el PP presentó en el Senado, el primer partido de la oposición mantiene: "La propuesta de Estatuto establece la obligación de que el porcentaje de inversión estatal en Cataluña equivalga al peso de Cataluña en el PIB de España. Si se hiciese lo mismo con todas las comunidades autónomas, las más pobres quedarían condenadas de por vida a recibir menos inversiones, con lo que el desfase entre las más y menos desarrolladas sería cada vez más profundo". Este problema no existe, sin embargo, cuando la pretensión de Baleares (como ya ocurrió con Andalucía) responde a la reclamación de una deuda, supuestamente debida a atrasos de inversiones, y se cuantifica en una cantidad cerrada: 3.000 millones de euros. Queda por ver cuál es la justificación de esa deuda.