La ley de Suelo permitirá sólo a los agricultores construir casas en terreno rural
La edificación deberá ir ligada a una explotación hortícola o ganadera durante 25 años
La futura ley de Suelo limitará la edificación de una casa en suelo rústico exclusivamente a los baseritarras, con lo que se acabará la picaresca de construir chalés en terreno rural para pasar los fines de semana. Las enmiendas introducidas por Aralar durante las últimas negociaciones en la ponencia parlamentaria que debate el proyecto de ley de Suelo endurecen de tal manera la edificación que sólo quienes demuestren que van a vivir trabajando en la agricultura o la ganadería podrán construir. La ley actual mantiene esta filosofía, pero no pone medios para comprobarlo.
"Se estaba cometiendo un fraude de ley", asegura la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, autora de las enmiendas, que han sido aceptadas por el resto de los grupos menos el PP. "Hasta ahora, para poder hacer una casa en suelo rústico se requería un proyecto agropecuario que se debía mantener durante un año. En ese proyecto entraba de todo, como plantar árboles frutales. ¿Qué pasaba? Que al cabo de un año se olvidaban del proyecto porque la auténtica finalidad era disfrutar de un chalé en el campo", se queja Ezenarro.
El director de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, Iñigo Maguregui, abunda en este argumento: "Se pedía un permiso para plantar unos árboles o para criar ovejas y se obtenía la licencia para construir. Al final, esos árboles y esas ovejas eran ficticios. Se han producido muchos abusos para poder disfrutar de una segunda residencia".
El actual proyecto de ley sigue manteniendo, en su artículo 25, que la licencia de construcción hay que solicitarla al ayuntamiento correspondiente y que la aprobación del proyecto corresponde a la Diputación. Sin embargo, a partir de ahí, introduce una serie de requisitos procedentes de la enmienda de Aralar que serán de imposible cumplimiento para aquellos que sólo aspiren a tener un chalé en suelo rural desentendiéndose de la agricultura o la ganadería. Esta enmienda fue debatida en las últimas sesiones de la ponencia. "Queda abierta la posibilidad para las personas que quieran vivir de la agricultura, pero no para los que sólo quieren una casa en un suelo catalogado de no urbanizable", recalca la parlamentaria.
La concesión de la licencia de edificación sólo será admisible si va ligada a una explotación hortícola (nada de árboles frutales) o ganadera que se vaya a mantener al menos 25 años. La vivienda debe ser empleada como residencia habitual por el promotor de la explotación. Sólo se concederá la licencia además cuando se compruebe que el proyecto reúne los requisitos mínimos para su viabilidad económica y de forma autónoma. El solicitante deberá estar afiliado al régimen especial de la Seguridad Social destinado a agricultores y ganaderos al menos un año antes de la fecha de su solicitud.
En la última declaración de la Renta presentada, más del 50% de los ingresos corrientes del peticionario deben provenir de la explotación de la actividad hortícola o ganadera. Ello significa que un año antes de construir ya hay que acreditar que la explotación es la principal vía de ingresos. "Si realmente alguien quiere vivir del campo es porque es viable y así nos aseguramos de que la casa no va a ser para pasar los fines de semana", indica Ezenarro.
La Administración revisará periódicamente que la explotación sigue en marcha. En caso de que su dueño se retire del régimen correspondiente de la Seguridad Social, la casa se declarará "fuera de ordenación", precisa Maguregui. "El ayuntamiento tendrá que decidir si legaliza la construcción o la destruye".
Resquicios legales
Para Aintzane Ezenarro, la actual ley deja muchos huecos para que personas sin ningún ánimo de dedicarse a la agricultura puedan construir chalés en zonas no urbanizables. "La ley está, pero si no hay ninguna regulación no da ningún resultado. Es una ley muy abierta. La filosofía es la misma que el proyecto con el que trabajamos, pero las medidas no son tan restrictivas, con lo que se da un fraude", dice. "Otra cosa es", añade, "que un ayuntamiento califique terrenos urbanizables y decida adecuar zona para chalés. Ahí no entramos".
Según la parlamentaria de Aralar, la idea que se había generalizado es que "si uno es dueño de un terreno rural de unos miles de metros cuadrados puede hacer una casa metiendo algunos frutales y plantando algunos viñedos y así disimular que se trata de una explotación agraria en toda regla".
La aportación de Aralar al artículo 25 de la futura ley de Suelo es una reivindicación del sector primario y de los sindicatos de agricultores y ganaderos, que veían que se estaba burlando la ley y les perjudicaba notablemente.
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