Los obispos reiteran a Educación que la LOE incumple los pactos con el Vaticano

El acuerdo entre el Gobierno socialista y la Iglesia católica sobre enseñanza de la religión en la escuela pública parece difícil, a juzgar por la gélida reacción de las partes tras reunirse ayer en el Ministerio de Educación. El único "principio de acuerdo" al que llegaron es volverse a reunir en 10 días "y seguir trabajando". Los obispos insisten en que la Ley Orgánica de Educación (LOE), en vigor desde anteayer, "no cumple los acuerdos con la Santa Sede". Piden enseñar religión "en buen horario, con un profesorado razonable y en condiciones equiparables a las asignaturas fundamentales".

"Ojalá pudiéramos derogar la LOE", exclamó ayer el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, en la sede de la Conferencia Episcopal. Como eso no es posible -la ley entró en vigor anteayer-, el episcopado intentará influir en los reglamentos que en próximas semanas irá aprobando el ministerio. Parodiando a Álvaro de Figueroa, más conocido como Conde de Romanones, sin citarlo, Martínez Camino añadió que aún es posible hacer algo para aminorar sus disgustos. "Traigan ustedes las leyes y déjenme a mi hacer los reglamentos", dijo.

Dos horas antes se había desarrollado en el Ministerio de Educación y Ciencia la primera reunión en un año de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para asuntos de enseñanza. Por la Conferencia Episcopal asistieron el cardenal Antonio Cañizares, su vicepresidente y arzobispo de Toledo; el prelado auxiliar de Madrid, Fidel Herráez, y Modesto Romero, de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y el portavoz Martínez Camino, que es a su vez secretario general de la CEE. Por el Gobierno, asistieron la ministra Mercedes Cabrera; el secretario general de Educación, Alejandro Tiana; el subsecretario Fernando Gurrea, y José Luis Pérez Iriarte, director general de Educación, Formación Profesional e Innovación.

"Se nos ha escuchado"

Pese a que el encuentro, realizado a petición de la Conferencia Episcopal, se desarrolló "en un ambiente de cordialidad" según las partes, quedaron patentes los desacuerdos, por la displicencia con que los portavoces respectivos -por Educación, su subsecretario Gurrea- se expresaron más tarde. Por ejemplo, al portavoz episcopal se le preguntó si había notado "algún cambio de actitud" respecto a la anterior reunión, en junio del año pasado, con la ya ex ministra María Jesús San Segundo. Replicó con celeridad: "Se nos ha escuchado con atención". Y aguantó los susurros de los presentes sin añadir palabra, aunque sí una sonrisa de complicidad. Los prelados católicos abandonaron la sede del departamento de Educación, en la calle de Alcalá, sin querer hablar con los periodistas -medio centenar- que esperaban en la sala de prensa ministerial. Medio hora más tarde eran convocados a la Casa de la Iglesia, en la calle Añastro, a una decena de kilómetros de distancia.

Martínez Camino dijo allí que las soluciones sobre los desacuerdos Iglesia-Estado "no son fáciles, pero son posibles". Los obispos, explicó, no están pidiendo que el Gobierno cambie la Ley porque saben que éste ya no puede hacerlo, pero sí "cosas posibles que se pueden desarrollar y concordar en el desarrollo normativo de la LOE, en el que ahora nos encontramos". Recordó lo que reclaman al Ejecutivo socialista: una enseñanza de la religión "equiparable" al resto de las asignaturas fundamentales -es decir: que sea "evaluable" y se imparta en un "buen horario"-, y que la contratación y despido de los docentes de esa materia continúe como hasta ahora: no sujeto al Estatuto de los Trabajadores, sino a los acuerdos Iglesia-Estado.

"Las dos cuestiones, el estatuto de la asignatura y el estatuto del profesorado, van íntimamente unidas, y si una falla, la otra también falla. Si una cae, la otra también cae", sentenció el portavoz episcopal. Hasta ahora, el profesorado de religión es contratado y pagado por el Estado, pero seleccionado para cada curso por los obispos, que pueden despedir a sus docentes sin razón alguna. Cientos de sentencias judiciales han reprochado ese proceder. La LOE regula esas contrataciones con el objetivo de impedir los despidos abusivos. Martínez Camino, sin entrar en materia, dejó claros los principios: "No puede darse una buena enseñanza de religión si los profesores encargados de impartirla no tienen la preparación requerida, y, al revés, ocurre lo mismo: de nada valen unos buenos docentes si el tratamiento de la asignatura no es el correcto".

El Gobierno no desveló ayer sus intenciones ante la prensa, pero parece decidido a no ceder en estas cuestiones: La asignatura de religión no será evaluable; el horario en que deba impartirse a los alumnos que la pidan se dejará en manos de los responsables de cada calendario escolar, y los docentes que designen los obispos estarán amparados por "el ordenamiento jurídico ordinario". El subsecretario Gurrea indicó que su ministerio tendrá en cuenta la opinión de la Conferencia Episcopal "como la del resto" de sectores implicados. La decisión de trabajar y de escucharse es "un elemento positivo en democracia, lo que no quiere decir que se consiga un acuerdo finalmente", añadió.

La regulación por real decreto de los temas que preocupan a los obispos estará lista antes de fin de año, pero ya son de aplicación puntos polémicos de la LOE como que la remoción de los profesores se ajustará a derecho, que serán contratados por las administraciones conforme al Estatuto de los Trabajadores, y que la propuesta para la docencia, que sigue correspondiendo a cada prelado, se renovará automáticamente cada curso.