Golpe a la política de seguridad de Uribe

El grave incidente en vísperas de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia entre militares y policías, con 10 agentes y un confidente muertos, supone un duro golpe a la llamada política de seguridad democrática del presidente y candidato a la reelección, Álvaro Uribe. El gobernante ha expresado su preocupación ante informaciones sobre la penetración del narcotráfico en órganos oficiales y ha ofrecido una recompensa de 500.000 dólares (391.000 euros) a quien colabore a esclarecer el caso.

La gratificación será, dijo Uribe, "para personas no vinculadas a la fuerza pública que con su información nos ayuden a desvirtuar cualquier penetración del narcotráfico en las acciones oficiales".

Hay preocupación por la penetración del narcotráfico en órganos oficiales

El presidente colombiano ha pedido absoluta transparencia para desentrañar si el crimen organizado entregó información falsa al Batallón de Alta Montaña del Ejército, que el lunes pasado mató por error en el departamento de Cali a 10 efectivos de un grupo de élite de la Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía, que realizaba una operación especial antidroga. En un gesto de alto significado, Uribe ha puesto el caso en manos exclusivamente de la justicia ordinaria -la Fiscalía General- y no de la Justicia Penal Militar. Esta última ha sido acusada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos de no investigar a fondo denuncias de acciones ilícitas perpetradas por efectivos militares. El vicepresidente, Francisco Santos, ha calificado la actuación del Ejército en Cali de "grave", y ha pedido sanciones hasta "los niveles más altos".

Este suceso se suma al registrado el pasado fin de semana con el despido de 16 policías secretos del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), varios de ellos vinculados con casos de extorsión y secuestro en los departamentos de Antioquia y Atlántico. En los últimos siete meses, 70 agentes de este organismo han sido destituidos. El DAS estuvo envuelto en varios escándalos de corrupción y presunta infiltración de elementos de los grupos paramilitares durante el mandato del anterior director, Jorge Noguera.

La política de seguridad democrática -mano dura contra la guerrilla y el narcotráfico- ha protagonizado en gran medida los cuatro años de Gobierno de Álvaro Uribe. Uno de los ejes de esta política ha sido la modernización de las Fuerzas Armadas, con más efectivos y mejor preparados. Los batallones de alta montaña como el que protagonizó el incidente del lunes han dado mayor movilidad a las unidades.

La reestructuración del aparato militar ha puesto en pie comandos conjuntos de las tres ramas -Ejército de tierra, Marina y Fuerza Aérea- al mando de generales todopoderosos y provocó la resistencia de algunos generales que fueron dados de baja. Las voces críticas recuerdan que la mejoría de la seguridad en Colombia, en las grandes ciudades sobre todo, no ha ido acompañada de la captura de ningún integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organización guerrillera, ni de la liberación de alguno de los más de 3.000 secuestrados en poder de los rebeldes.

La política de seguridad democrática ha permeado todo el aparato del Estado. La combinación de soldados campesinos (jóvenes que cumplen el servicio militar en su lugar de origen) y Ejército profesional ha dado algunos resultados pero comporta, al mismo tiempo, un alto riesgo de represalias de la guerrilla contra las comunidades y la población civil. En Colombia, el servicio militar es obligatorio, pero en las Fuerzas Armadas no abundan hijos de las élites -presentes sobre todo en la Escuela Militar- y menos en los frentes de combate.