Las enmiendas socialistas al Estatuto andaluz reforzarán la apelación a la unidad de España

El Grupo Socialista enmendará la propuesta de reforma del Estatuto andaluz que hoy empieza su andadura con su toma en consideración por el Congreso de los Diputados. Todos los grupos han avanzado que respaldarán la admisión a trámite, salvo el Partido Popular, que votará en contra de su admisión y, por tanto, de que pueda ser debatida y modificada. El Grupo Socialista enmendará el texto para reforzar las apelaciones a la unidad de España, precisar más la vinculación de la comunidad con el Estado y "ajustar" la reivindicación de la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

El texto que aprobó el Parlamento de Andalucía pasará el examen de las Cortes Generales, aunque con modificaciones en temas competenciales y para despejar cualquier duda sobre la imbricación de Andalucía en España. Ese será en el trámite de comisión, ya en el mes de septiembre, después de que hoy el Congreso apruebe la toma en consideración del texto, con el único rechazo del PP. Este partido votó en el Parlamento andaluz en contra de todos y cada uno de los 246 artículos, algo que llevó ayer al presidente de la Junta, Manuel Chaves, a afirmar que los conservadores andaluces "no estaban autorizados para llegar al consenso", en referencia a supuestas órdenes de la dirección nacional del PP.

Chaves reunió en un hotel de Madrid a los diputados andaluces en el Parlamento autónomo, Congreso, Senado y eurodiputados para defender el proyecto. Ante este foro, el presidente andaluz calificó de manera enfática de "ridículo" e "increíble" que se diga que Andalucía "va a romper España", y consideró "estrafalarios" los argumentos de dirigentes del PP como Mayor Oreja, que vinculan el Estatuto andaluz con el islamismo o la negociación con ETA.

Pero con la misma rotundidad con la que se sacudió las acusaciones procedentes del centro-derecha de que el texto andaluz resquebraja la unidad del Estado, Chaves afronta el debate en el Congreso "sin ningún temor". Aunque en su opinión el texto no sufrirá muchos cambios, el también presidente federal del PSOE aseguró que el trámite de las Cortes servirá para "perfeccionar" y "encajar todas las piezas de manera que se pueda compaginar el interés de Andalucía con el interés general de España". En el mismo plano de prioridades situó la necesidad de alcanzar el consenso con el PP.

Rechazo del PP

Las enmiendas que presentará el Grupo Socialista son las mismas que los socialistas andaluces ofrecieron al PP en la tramitación de la proposición de ley de reforma en el Parlamento autónomo. Se trata de cinco enmiendas en las que se refuerzan las apelaciones a la unidad de España, la Constitución y la legislación estatal. Estas modificaciones fueron rechazadas por los populares, al considerarlas insuficientes y contradictorias con la descripción de la realidad nacional de Andalucía que figura en el Preámbulo.

Las cinco enmiendas proponen añadir al redactado del preámbulo -en el que se afirma que "la Constitución española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad"-, la coletilla "en el marco de la unidad de España". También proponen agregar al artículo 1.1 en el que se define a la comunidad como nacionalidad histórica la frase "dentro de la unidad de la Nación española". Las otras tres enmiendas -en el preámbulo y a los títulos de Competencias y Relaciones Institucionales- hacen referencias explícitas a lo que determine la Constitución y la legislación básica estatal.

El Preámbulo propuesto por el Parlamento andaluz es probablemente el texto autonómico donde en más ocasiones se cita la palabra España, hasta en un total de ocho ocasiones. Aún así, los populares consideran que la reforma andaluza contribuye a "quebrar" el país.

Los principales escollos de la negociación del Estatuto andaluz no se encuentran en los temas de identidad y definición, sino en el de las competencias. El proyecto aprobado por 61 diputados socialistas y seis de Izquierda Unida (IU) en la Cámara autónoma reclama la competencia exclusiva de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, una demanda con una potente carga simbólica y que cuenta con el rechazo de las comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, por donde transcurre casi el 10% de la cuenca.

Gestión del Guadalquivir

Chaves admitió el pasado fin de semana que se harán "ajustes" al texto, pero de igual manera consideró como "irrenunciable" que Andalucía tenga la gestión del Guadalquivir, al que describió como "el Nilo de Andalucía". Ayer, Chaves eludió utilizar adjetivos tan contundentes como ese y pidió, en alusión a las comunidades que han criticado esa competencia, que se lean detenidamente el texto articulado. "Lo que otras comunidades pueden esperar de Andalucía es las mejores relaciones y la mayor cooperación".

En realidad, como reconoció ayer un diputado socialista, la competencia del Guadalquivir que se reclama como exclusiva es una "falsa competencia exclusiva", ya que se preserva la capacidad del Estado en los planes hidrológicos, medio ambiente y obras públicas.

Fuentes socialistas aseguran que hay un acuerdo político entre las direcciones andaluza y federal del PSOE para que Andalucía gestione el Guadalquivir, aunque aún no han negociado una fórmula jurídica concreta. La idea que manejan es que la solución que se dé sea específica y singular para los andaluces, para evitar que se abran en otras comunidades reclamaciones de gestión de las cuencas hidrográficas. "Es el único río de España que nace y muere en una comunidad", repiten como un mantra los socialistas andaluces, dando a entender que las modificaciones legales pasarían por introducir esa especificidad para poder asumir la gestión.

La proposición de ley de reforma también incluye en una disposición adicional la petición de competencias estatales mediante el artículo 150.2 de la Constitución en cinco materias (puertos y aeropuertos, Guadalquivir, museos, archivos y bibliotecas, servicio meteorológico y tráfico y seguridad vial). Una reclamación similar fue eliminada de la proposición de ley de reforma catalana en la tramitación en las Cortes. Las negociaciones, en cualquier caso, no se prevén tan tortuosas y tensas como con el Estatuto de Cataluña.