Bolivia aplaza tres meses la negociación con las petroleras

La negociación entre el Gobierno de Bolivia y las petroleras para la firma de nuevos contratos se aplazará tres meses, hasta la finalización de una auditoría de la inversión efectuada por las compañías, anunció ayer el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz. "Estamos hablando de tres meses, hasta contar con el resultado del estudio, para tener los otros [meses] destinados a la negociación de los contratos", precisó el funcionario. Será su departamento el encargado de revisar la gestión económica de las empresas.

El Gobierno del socialista Evo Morales decretó el pasado 1 de mayo la nacionalización de los hidrocarburos y concedió un plazo de seis meses a las multinacionales petroleras, entre ellas la hispanoargentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, para adecuar sus contratos a las nuevas reglas de juego.

Por otro lado, AFP Previsión, la gestora de fondos de pensiones del BBVA en Bolivia, inició ayer la transferencia de las acciones de las compañías petrolíferas a la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tal y como exigió el Gobierno de Morales. Además de la compañía española, la filial en Bolivia de la aseguradora suiza Zurich también comenzó a transferir las acciones, según informó la Entidad Boliviana de Valores.

Al tiempo que emprendía la entrega de acciones, la filial del grupo financiero español anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, para protegerse de reclamaciones futuras y defender los intereses de los beneficiarios.

El BBVA se defiende

La gestora del BBVA considera que el decreto del Ejecutivo boliviano puede vulnerar la ley que le encomendó la administración del llamado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), para atender el pago del Bono Solidario. Este fondo fue creado con el dinero proveniente de la privatización parcial de una decena de empresas estatales. El producto de esta operación -equivalente a unos 1.250 millones de euros- fue transferido a la propiedad los bolivianos por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1992-1997).

En opinión de la AFP, se debería haber modificado la estructura del Fondo y el Bono Solidario de manera global, con una norma de rango adecuado y no inferior. Asimismo, la AFP considera que debe garantizarse la seguridad de los beneficiarios.

De cualquier manera, la gestora del BBVA ha manifestado su "voluntad de mantener un diálogo fluido con el Gobierno para tratar de resolver la problemática planteada", y ha insistido en que, al margen de la entrega de las acciones petroleras, seguirá operando en el mercado de pensiones de Bolivia, en el que tiene un fondo de capitalización individual con más de 500.000 afiliados y un patrimonio de 8.300 millones de bolivianos (4,6 millones de euros).