Las Juntas vizcaínas defienden anular la liquidación de la cámara urbana

Las Juntas Generales de Vizcaya acordaron ayer pedir al Gobierno que suspenda la liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de este territorio por su solvencia y su "amplio respaldo social". El acuerdo dividió a los socios de gobierno, toda vez que el PNV la apoyó junto al PP, mientras que EA se abstuvo. Los peneuvistas vizcaínos discrepan así de la postura de su partido en el Parlamento vasco, donde ha apoyado la disolución.

La decisión de las Juntas vizcaínas resulta más simbólica que práctica, puesto que la competencia es del Gobierno, pero vuelve a enrevesar la resolución de un asunto pendiente desde hace diez años, cuando el Ejecutivo central decretó que los bienes de estas entidades y sus trabajadores pasasen al sector público. Las autoridades vascas hicieron caso omiso hasta que en 2002 el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que llevó al Parlamento a aprobar por unanimidad en 2004 la liquidación de las tres cámaras de la propiedad.

La asunción de estas entidades por parte del Gobierno quedó definida en un decreto que entró en vigor el 31 de enero y que luego ha vuelto a ser ratificado por el Superior.

Las cámaras ya están controladas por el Departamento de Vivienda, pero el proceso todavía no ha culminado, hasta el punto de que los secretarios generales de las entidades siguen cobrando sus sueldos, que llegan a los 119.000 euros anuales.

El PNV y el PP llevaron el asunto al pleno de ayer de las Juntas Generales vizcaínas. El peneuvista Josu Arteta calificó de "grave error" que el decreto se desarrolle y aseguró que el Gobierno no podría asumir todas las funciones de la cámara y el ciudadano "deberá acudir a los tribunales". Manifestó que el Ejecutivo sólo podrá prestar tres de "las 40 funciones" que proporciona la entidad.

Servicios que "funcionan"

Carlos Olazabal, del PP, calificó el decreto de "expropiación a 240.000 vizcaínos sin compensación" y explicó que la propuesta no discute la integración en el Gobierno, sino que defiende unos servicios que "funcionan bien".

EA se desmarcó de su socio al defender el proceso de liquidación. "El Gobierno está obligado a acabar con la incertidumbre de esos diez años y garantiza unos servicios frente a un modelo monopolista", expuso su juntero José Ramón López-Larrinaga. A su juicio, las cámaras se "iban comiendo su patrimonio" en los últimos años e instó a zanjar la situación de unas entidades que gestionan "de manera irregular un enorme patrimonio".

El socialista Josu Montalbán reprochó a PNV y PP que confíen más en una entidad privada que en el Gobierno y dudó de que la cámara, con 27 trabajadores, preste "40 funciones. O no son importantes o no se puede hacer". Destacó que los dos partidos sólo defendían los 8,5 millones de patrimonio de la entidad. José Ferrera, de EB, insistió en la "contradicción" del PNV, con una postura en Vizcaya y otra en el Legislativo.

La cámara vizcaína se felicitó del acuerdo y calificó en un comunicado de "esperanzador" que haya sido apoyada por uno de los grupos del tripartito.