El Gobierno catalán pide calma a los afectados por el Fórum Filatélico y Afinsa
La Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo, ha pedido calma a los afectados por el caso del Fórum Filatélico y Afinsa. Con este llamamiento se pretende canalizar las protestas y reclamaciones, e impedir desbordamientos y movilizaciones como las que tuvieron lugar el pasado martes ante el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Se calcula que en Cataluña hay 60.000 afectados, el 20% de los existentes en España.
El comunicado, difundido ayer por la Agencia Catalana de Consumo, es el resultado de una reunión que las principales agencias y asociaciones de consumidores celebraron el lunes pasado con altos representantes de la Agencia de Consumo de la Generalitat. En esta reunión maduró el proyecto de constituir una única asociación de afectados, que podría quedar consolidada tras la celebración de dos asambleas, previstas para mañana y el sábado en Barcelona.
"Sólo en la capital catalana hemos confeccionado una primera lista de 600 afectados que se va incrementando a medida que pasan las horas", asegura Antoni Gutiérrez, portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que trata de canalizar el movimiento de protesta. La labor de esta organización independiente, creada hace cerca de 20 años en Zaragoza, se encuentra apoyada en Cataluña por otras cuatro asociaciones de consumidores, que se coordinan con la ayuda de la Generalitat.
La intención de las agencias de consumidores catalanes es abrir un doble frente para defender los intereses de los afectados; el primero de carácter judicial, para lo que se han personado ya en el sumario abierto en la Audiencia Nacional de Madrid. Pero además estas agencias tratan de abrir un frente político, que presione a los representantes en el Parlamento para que el Estado cree un fondo de garantía para compensar con el erario público a los afectados.
En las últimas horas, mientras se dibujaban las líneas generales de esta estrategia global, se celebraba en Manresa una asamblea de afectados a la que asistieron varios centenares de personas, muchos de ellos provenientes de pueblos cercanos. Sólo en la Comarca del Bages se calcula que hay unos 2.000 afectados, lo que supone más del 3% de los perjudicados de Cataluña.
"Hay pueblos de la comarca del Bages, por ejemplo Santpedor y Sant Vicent de Castellet, en los que el índice de familias afectadas es casi del 80%", afirma David Casellas, coordinador de la Adicae en la zona. En la mayoría de los casos son pequeños inversionistas, aunque algunas familias de esta comarca llegaron a depositar 300.000 euros en la filatélica.
Convergència i Unió (CiU), fuertemente implantada en esta comarca, ha empezado a movilizarse en defensa de los afectados. En esta línea, el portavoz de Economía y Hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, reclamó ayer en el pleno del Congreso medidas concretas del Gobierno para que los afectados puedan recuperar su dinero lo antes posible. El pasado miércoles CiU registró en la Cámara una proposición no de ley en la que se reclama la modificación de la legislación vigente sobre este tipo de empresas inversoras.
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