Un juez anula el despido de 105 empleados del centro universitario Abat Oliba en 2003

La rescisión de 105 contratos de trabajo realizada en 2003 por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, en su centro universitario Abat Oliba de Barcelona, autorizada por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, fue contraria a derecho. Así lo considera el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona en una sentencia que anula el expediente de empleo aprobado para realizar los despidos. La sentencia da un plazo de 15 días a la entidad para apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Un portavoz de Abat Oliba recalcó ayer: "La sentencia no es firme. Nos fue comunicada ayer [por anteayer] y no podemos decir aún si la recurriremos porque el asunto está en manos de nuestros abogados".

Cuatro docentes del centro universitario que se vieron afectados por los despidos recurrieron contra el expediente de regulación de empleo (ERE). Entre ellos figuraba el secretario general, Jesús Fernández Viladrich.

El ERE fue aprobado por la Generalitat en diciembre de 2003, cuando gobernaba Convergència i Unió (CiU). En abril de 2004, cuando ya lo hacía el tripartito, la Generalitat rechazó un recurso de alzada planteado por algunos afectados. La entidad docente realizó ese año una reconversión y dejó de ser un centro universitario vinculado a la Universidad de Barcelona para convertirse en universidad privada. El Parlament aprobó darle el estatus de universidad privada con el respaldo de CiU y el PP.

En el proceso de cambio la entidad planteó el expediente de empleo basado en causas organizativas y de cambio de estatus empresarial. El juzgado considera ahora que se da una sucesión de empresa en el tránsito a universidad. Una parte de los empleados, especialmente el personal no docente, se incorporó más tarde a la nueva universidad, pero según el abogado de los demandantes, Albert Abella, también se vieron perjudicados económicamente por el despido.

Según la interpretación de la sentencia que hacía ayer este abogado, la universidad no sólo se ha quedado "sin autorizacion para los despidos que practicó, sino que los afectados pueden ahora pedir la readmisión y la universidad deberá afrontar las consecuencias económicas derivadas de los sueldos no devengados desde que se aprobó el ERE".

La dirección de la universidad afirmó: "La Fundación Universitaria San Pablo CEU se planteó la extinción del centro Abat Oliba adscrito a la Universidad de Barcelona. Para ello, se procedió a negociar con el comité de empresa un expediente de regulación de empleo por causas organizativas, y se alcanzó un acuerdo que fue autorizado por la Dirección General del Trabajo". La universidad afirmó que el expediente afectaría como máximo a 18 empleos.