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Columna
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Caja de sorpresas

La tortuosa tramitación de la propuesta del nuevo Estatuto de Cataluña, iniciada por el Parlamento autónomo el 30 de septiembre pasado y aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de marzo, llega hoy al Pleno del Senado después de haber superado el veto y las enmiendas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. El procedimiento de designación de los senadores (una combinación de elección directa por los ciudadanos y de nombramiento indirecto por las Asambleas autónomas) ha convertido al PP en la minoría más importante de la Cámara alta; sólo su tendencia al autismo político impide a los populares negociar en la gran mayoría de los casos las alianzas necesarias para alcanzar el listón de la mayoría absoluta. A efectos prácticos, las hipotéticas modificaciones en el Senado del texto ya aprobado por los diputados no tendrían consecuencias irreversibles sobre su contenido, ya que los desacuerdos entre ambas Cámaras son resueltos unilateralmente por el Congreso -según la Constitución- mediante un simple pleno: el retraso afectaría, en cambio, al calendario del preceptivo referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña, que el Gobierno tripartito planea celebrar el próximo 18 de junio.

Aunque parece probable que ese melancólico viaje de regreso del Estatuto al Congreso a causa de las enmiendas del Senado no tenga lugar, con cierta frecuencia las votaciones de la Cámara alta son una caja de sorpresas: esta vez no sólo por las eventuales enfermedades, ausencias o confusiones de los senadores -capaces de cambiar el signo de la mayoría-, sino también por el carácter caprichoso e impredecible de la política catalana. La dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha decidido que sus senadores se abstengan a fin de impedir que las enmiendas del PP parasiten sus votos; aunque descartada en teoría, esa posibilidad podría materializarse si los cuatro miembros republicanos del grupo Entesa Catalana de Progrés mudasen de opinión. En cualquier caso, un observador tan alejado del conocimiento particularizado de la Cataluña actual como el jurista persa inventado por Montesquieu pudiese estarlo respecto a la Francia dieciochesca tendría serias dificultades para entender la coherencia de la anunciada abstención de ERC en el Senado con sus votaciones en otros tramos del proceso estatutario.

Desde que el acuerdo del pasado 21 de enero entre el presidente del Gobierno y el líder de Convergència i Unió modificase la propuesta original del Parlamento catalán, los dirigentes de ERC parecen haber entrado en una agitada etapa de enajenación política. Tras una fase inicial de desconcierto respecto a la postura a tomar -ni siquiera excluían el - frente a la nueva versión del proyecto estatutario, los líderes republicanos idearon una maquiavélica estrategia para salvar la cara sin romper al tiempo la vajilla del Gobierno tripartito: el no en el Congreso de sus ocho diputados (prescindibles para la aprobación del texto en la Cámara), la abstención de sus cuatro parlamentarios en el Senado (con el propósito de impedir el veto o las enmiendas del PP) y la papeleta nula en el referéndum (para distinguirse así del sufragio en contra patrocinado por los populares, de los abstencionistas voluntarios y del voto en blanco). Pero la demagogia lanzada sobre los militantes se ha vuelto contra los dirigentes de ERC, desbaratando esa alambicada maniobra y forzándoles a predicar el no en la consulta del 18 de junio.

Planteadas así las cosas, el aparente favor brindado a sus socios de Gobierno por los republicanos con la pregonada abstención en el Senado abrirá el camino a un conflicto en torno al referéndum que hará saltar por los aires la deteriorada alianza tripartita. Las condescendientes conjeturas sobre el influjo del poder para civilizar las costumbres y moderar las ideas de quienes lo ejercen por vez primera han equivocado el tiro: ni la moqueta de los despachos, ni los coches oficiales, ni las recaudaciones mafiosas en beneficio del partido levantadas por el consejero Vendrell entre los altos cargos, funcionarios y trabajadores de la Administración Pública bajo control de ERC han restado energumenismo a sus asilvestrados dirigentes, poco familiarizados con los usos de la democracia representativa.

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