Renovación de final incierto en el Poder Judicial

Que el próximo lunes comienza la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es seguro. Lo que no está tan claro es cuándo terminará este proceso. El jefe del órgano de gobierno de los jueces, Francisco José Hernando, enviará una carta a los presidentes del Congreso y el Senado, Manuel Marín y Javier Rojo, instando a ambas Cámaras a elegir a los nuevos vocales. Dentro de seis meses, el 7 de noviembre, expirará el mandato de los miembros del actual Consejo, pero su recambio, según todos los indicios, se producirá con bastante retraso.

La elección de los 19 consejeros ahora salientes se produjo en 2001, un año después de que el PP se alzara con la mayoría absoluta en ambos hemiciclos. La mayoría de vocales afines que se aseguró ese partido rompió su sintonía con el Gobierno tras la victoria del PSOE en las elecciones generales. Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, los encontronazos del Consejo con el Congreso y el Ejecutivo se multiplicaron. Los vocales conservadores sacaron adelante pronunciamientos contrarios a dos de las principales apuestas socialistas: la regularización del matrimonio homosexual y la reforma del Estatuto catalán.

El PP quiere que el CGPJ represente a las asociaciones, y la APM es la mayoritaria

El PSOE subraya que los no asociados son los más numerosos en la carrera judicial

El hecho de que el Consejo comulgue habitualmente con los postulados de la oposición parlamentaria -lo que lo ha convertido en ocasiones en el eco de sus miembros- y la ausencia de una mayoría suficiente entre los partidos que apoyan al Gobierno (tres quintos en ambas Cámaras), dan de nuevo al PP la llave de la renovación. Las formaciones que sustentan al Ejecutivo en el Congreso (PSOE, ERC e IU) suman 177 escaños de los 210 necesarios para el nombramiento de vocales, mayoría que tampoco se alcanza con el apoyo de CiU, PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto. Y qué decir del Senado, donde el PP continúa siendo la fuerza más representada.

El portavoz parlamentario del PP en la Comisión de Justicia, Ignacio Astarloa, afronta el proceso de renovación "con la lógica preocupación" y lo explica aludiendo a agravios pasados. "Desde el inicio mismo de la legislatura, con gran deslealtad, el Gobierno modificó de mala manera la Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ], destrozando el pacto de Estado sobre la Justicia trabajosamente conseguido bajo el Gobierno popular". Esa reforma incrementó a tres quintos la mayoría de vocales necesaria en el Consejo para nombrar a los principales cargos judiciales del país. Astarloa también reprocha al PSOE la futura creación de los consejos autonómicos. El nuevo CGPJ, según el diputado popular, "tendrá lamentablemente que afrontar la ruptura de su unidad".

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta (PSOE), se basa en las consideraciones de Astarloa para mostrarse escéptico respecto de la colaboración del PP. Coincide con Astarloa en que sería deseable que se cumplieran los plazos previstos en la ley. "Vamos a hacer un esfuerzo de diálogo para nombrar un Consejo con el máximo consenso", dice Cuesta. "Pero denunciaremos cualquier intento de veto e intentaremos que deje de ser una plataforma política", añade el diputado, que considera que el actual CGPJ "es el peor de toda la democracia, ha tenido un funcionamiento deficiente y ha puesto en crisis la institución con las descalificaciones de algunos de sus vocales".

En la elección de su gobierno, los 4.265 jueces que, según el escalafón, había el 1 de mayo en España (de los que 3.696 son magistrados), sólo tienen capacidad de propuesta. Doce de los 20 miembros del Consejo deben formar parte de la carrera judicial y el Parlamento los elige de entre una lista de 36 propuesta por las diferentes asociaciones -en proporción a su número de asociados- y los jueces y magistrados no afiliados a ninguna de ellas.

Como en la anterior elección, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.159 asociados, será la que más candidatos presente. Le seguirá la progresista Jueces para la Democracia (JpD, 502 asociados) y la moderada Francisco de Vitoria (471). El Foro Judicial Independiente, fundado por el vocal consensuado por PSOE y PP Agustín Azparren, concurre por primera vez con 186 asociados. Una vez que el Parlamento asigne el número de candidatos que corresponde a cada asociación, éstas organizarán sus comicios internos para seleccionarlos. Los candidatos no asociados deben tener el aval del 2% de los jueces.

Los ocho consejeros restantes se seleccionan entre juristas de reconocido prestigio (abogados, notarios, fiscales, profesores de universidad) con más de 15 años de ejercicio. Los grupos parlamentarios tienen aquí libertad absoluta para proponer nombres.

El respeto del resultado de esas elecciones en la selección de los 20 vocales es la condición de partida que pone el PP. "El Consejo debe ser una representación fiel de la carrera judicial, no un reparto de afinidades políticas. Lo ideal sería que respetase la fórmula constitucional de elección por los propios jueces. Se trata de que Congreso y Senado respeten en su elección la voluntad del cuerpo electoral judicial y la proporción existente entre las asociaciones y con los no asociados que presenten sus avales", explica Astarloa. Ese cuerpo electoral siempre da la victoria a la conservadora APM (más cercana a los postulados del PP).

Cuesta (PSOE) también aboga porque el gobierno de los jueces "no sea una correa de transmisión de partidos", y pide la inclusión de procuradores y secretarios judiciales, dos categorías de jurista que ahora no están representadas. "Debe recoger el pluralismo de la sociedad española y de la carrera judicial, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los jueces no forma parte de ninguna asociación", afirma.

Pero lo cierto es que la composición de las Cortes tendrá su reflejo en el nuevo Consejo. Además del PSOE, PP, IU y CiU (que ya propusieron vocales en 2001), Esquerra Republicana y PNV también aspiran a elegir un consejero.