El texto de la discordia

La regulación de los polémicos complementos de productividad del profesorado de la Universidad del País Vasco (UPV) ha pasado de sumar retrasos a acumular suspense. El rechazo frontal de todos los sindicatos representados en la Universidad al texto del que hasta ahora es el borrador definitivo del decreto sobre complementos ha sembrado las dudas acerca de su futuro. Rechazo que llega precisamente cuando parecía que estaba a punto de concluir la demora de más de un año en el cumplimiento de uno de los principales puntos del acuerdo firmado en diciembre de 2004 entre la anterior consejera de Educación, Anjeles Iztueta, y el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez.

Esta incertidumbre se ha agudizado tras el masivo seguimiento de la huelga general del profesorado universitario del pasado 29 de marzo, estimado por el propio Rectorado en más de un 90%. Los convocantes reclamaban al Gobierno vasco un incremento lineal de 6.000 euros brutos anuales en las retribuciones de los 4.200 docentes de la universidad pública y el inicio de negociaciones con las centrales.

Las centrales vinculan la negociación a que se retire el "inasumible" borrador del decreto

Ante el grado de respuesta del paro, Educación ha convocado una reunión con representantes de la UPV y de los sindicatos el próximo jueves en Vitoria. Éstos últimos ya han anunciado que, para considerar esta cita como el comienzo de una negociación "real", se debe paralizar el proyecto de decreto de complementos, calificado como "inasumible" en reiteradas ocasiones por los portavoces de las organizaciones promotoras del paro (CCOO, STEE-EILAS, LAB, ELA, CSIF y UGT).

En su lista de agravios, las centrales han destacado que "el sistema de complementos individuales no debe ser sustitutivo de unas retribuciones justas y, en todo caso, debe afectar a todo el profesorado". Como adelantaba el texto del acuerdo entre Educación y el Rectorado, y como sanciona el artículo 2 del cuestionado borrador de decreto, la opción de los complementos se limita al personal docente e investigador funcionario, al profesorado contratado permanente y a los investigadores permanentes que presten sus servicios en la universidad pública en régimen de dedicación a tiempo completo y con una antigüedad mínima de cinco años, condiciones que, se quejan las centrales, cerrarían las posibilidades de optar a estos incentivos a 1.400 profesores, es decir, uno de cada tres miembros de la plantilla docente.

Los sindicatos han reclamado además que los complementos "con vocación de generalidad", esto es, las ayudas con menos requisitos para ser concedidas y pensadas más para compensar las deficiencias salariales que para premiar la productividad docente e investigadora, se incluyan en el sistema general de retribuciones, algo que el proyecto acordado por Educación y el Rectorado de la UPV niega explícitamente en el primer punto del artículo 4. "El régimen jurídico de los complementos retributivos adicionales desarrollados en el presente decreto se ajustará a lo establecido en el articulado y sus disposiciones de desarrollo, sin que les sea de aplicación el régimen general de retribuciones del personal docente e investigador universitario contemplado en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, y sin que puedan ser considerados a tales efectos como una retribución complementaria", detalla el texto.

Las razones del rechazo al decreto esgrimidas por los sindicatos aluden igualmente a las limitaciones financieras que establece el texto a los complementos que, precisamente, encajarían en las ayudas "con vocación de generalidad". Según figura en el segundo punto del artículo 9, "en el caso de que la cuantía total de los complementos asignados superase el importe global máximo destinado a tal fin, el Consejo Social de la UPV deberá proceder a un sistema de prorrateo de las cuantías de los tramos correspondientes entre los solicitantes evaluados positivamente, siempre y cuando no se supere el citado límite". Para evitar interpretaciones erróneas, el documento fija en el siguiente punto que "en todo caso, la convocatoria deberá recoger expresamente el carácter limitado de los fondos públicos destinados a la asignación de complementos y las consecuencias derivadas de tal circunstancia".

La oposición al decreto tiene en la exigencia de una evaluación quinquenal de los complementos de productividad con carácter de generalidad otro de sus puntales. Las centrales rechazan el punto siete del artículo octavo, que indica que la evaluación positiva tendrá una validez de cinco años y que si, una vez concluido el periodo de validez, el docente no solicita una nueva evaluación, perderá los derechos económicos de los que habría gozado hasta entonces.

La negativa de los sindicatos a dar el visto bueno al documento normativo es, por tanto, rotunda. El anuncio de dos nuevas jornadas de huelga para el 15 y 16 de mayo si las conversaciones fracasan o el borrador de decreto sigue adelante no parecen dejar, a tenor del éxito del primer paro, demasiado margen de maniobra a la consejería de Educación, que puede que deba enterrar el primer ejercicio de desarrollo normativo de la Ley del Sistema Universitario Vasco antes incluso de su nacimiento.