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LA CRÓNICA
Columna
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Movilización tardía por el Eje Mediterráneo

Los titulares de infraestructuras de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia han recabado esta semana la adhesión de su colega andaluz para constituir un grupo de presión autonómico con el fin de recabar del Gobierno español y de las autoridades de Bruselas que no se margine el corredor ferroviario mediterráneo de la ya prevista red transeuropea de transporte, la diseñada por el llamado informe Van Miert. En estos momentos, la línea prioritaria para la Unión Europea parte de Algeciras y transcurre por Córdoba, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Con lo cual, el País Valenciano, por lo que nos concierne, queda descolgado de una conexión tan fundamental.

Queremos suponer -por mero voluntarismo, obviamente- que alguna solución se gestará antes de que se consolide este desengaño, que en realidad no debiera ser tal, pues avisos y señales hubo como para alertar de sobra a los sucesivos gobiernos de Madrid y, especialmente, de Valencia. Basta con echarle un vistazo a la hemeroteca para constatar la cantidad de letra impresa dedicada a este asunto por parte de expertos en logística del transporte -si pueden describirse de esta manera- y prospectiva sobre el país, como el ex director del Instituto de Robótica, Gregorio Martín, o los profesores Josep Vicent Boira, Joan Romero y Josep Sorribes, por anotar tan sólo a quienes han publicado con más frecuencia en estas páginas.

Pero entre todos, porque nos parece de justicia, creemos que en esta hora de grupos de presión, urgencias y apremios, debe mencionarse el pronóstico del diputado del PP por Valencia, Leopoldo Ortiz, eliminado arteramente de la vida pública, con lo que, a nuestro entender, se empobreció el estamento político indígena y los valencianos perdimos un sensor de afinada sensibilidad y tesón acerca de las decisiones o previsiones comunitarias que nos atañían. No hay posiblemente sector económico alguno en el marco productivo valenciano que no haya sido advertido o informado puntual y desinteresadamente sobre las ventajas o riesgos que se tejían en las entretelas de la UE.

No ha de extrañarnos, pues, que en septiembre de 1995 concurriese, contra el parecer de su mismo partido que lo juzgó irrelevante, a un debate en el Parlamento Europeo sobre la política de transporte y las redes transeuropeas. Su mensaje como corolario de lo allí tratado fue profético y tajante: Valencia no tendrá fondos de la Red Transeuropea de Transporte. En consecuencia, vino a decir, habrá de ser el Gobierno español el que dé la vara a las autoridades de la Unión, marque sus propias prioridades y, llegado el caso, supla las inversiones en este capítulo.

Ya hemos visto qué se hizo, y sobre todo no se hizo, durante las dos legislaturas de José María Aznar, aun cuando el PP tuvo a Loyola de Palacio presidiendo la Comisión Europea de Transportes y estaba al corriente de lo que se cocinaba hasta que en 2003 el Informe Miert, antes citado, confirmó en todos sus extremos la previsión del diputado valenciano: nos dejaban fuera de la red transeuropea. Y lo que es peor: tampoco el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte) del Gobierno español contempla ahora entre sus prioridades el tramo de alta velocidad entre Castellón y Tarragona.

Mala suerte o, lo que nos parece más razonable: no hemos tenido fuerza ni estrategia política para enmendar al plan que se tramaba dos lustros atrás. A pesar de las cifras macroeconómicas que nos avalan y la importancia que nos atribuimos -cierta tan solo en parte- no hemos sido prioritarios para Europa ni para Madrid, al menos en el apartado del transporte y las comunicaciones. Además, nos hemos columpiado -aludimos al Consell que gobierna- inventando ejes y alianzas que han sido pura cáscara. Ahora, deprisa y corriendo, hay que recuperar el tiempo perdido y hacer frente común al problema con otras autonomías, incluida la catalana, lo que a más de uno ha de fastidiarle como un dolor de muelas. Pero es ineluctable que para hablar de transporte por tierra o mar debemos contar con los parientes del norte. Es una ventaja tanto como una fatalidad.

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El apartado tercero del artículo 56 del Estatut contempla el establecimiento de un Consejo Audiovisual, y el PSPV, mediante su grupo parlamentario, se ha apresurado a proponer su creación. Según su portavoz adjunto, Andrés Perelló, se pretende "acabar con el monopolio informativo". Y con otras basuras, asimismo, deducimos. Se trata de un desafío que pondrá a prueba la voluntad democrática de los grandes partidos, ambos con muy nefasta experiencia en este capítulo. Una prueba de que se empieza con buen pie es ponerse manos a la obra y alumbrar ese órgano virtualmente independiente que garantizará la pluralidad y transparencia. Amén. ¡Existen tan pocos precedentes y hay tan malos hábitos políticos y profesionales!

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