Las personas dependientes tendrán derecho a recibir atención pública a partir de 2007

Las personas que no pueden valerse por sí mismas (1,1 millones, la mayoría mayores de 65 años) tendrán derecho a recibir atención pública a partir del año que viene. Así lo prevé el proyecto de Ley de Dependencia que ayer aprobó el Gobierno. En 2007 se atenderá a los 201.000 ciudadanos en peor situación, según el Gobierno. La Administración central y las comunidades autónomas cofinanciarán la atención (12.638 millones de euros cada una hasta 2015, cuando está previsto un gasto público de 375 euros mensuales por beneficiario). Los usuarios abonarán parte del coste.

Un nuevo sistema de protección social - comparable a las pensiones, la sanidad o la educación, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega- echa a andar. El proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, establece el derecho de todas las personas que no pueden valerse por sí mismas en la vida cotidiana -dependientes- a recibir atención pública.

Se trata de un derecho subjetivo -exigible ante los tribunales- y universal, aunque no gratuito, para todos los españoles, según consta en la exposición de motivos. El texto se ha modificado tras las consultas a las comunidades autónomas, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y los acuerdos con IU y ERC. También ha incorporado la atención a los menores de tres años, a los enfermos mentales, y a los dependientes mayores de 65 años que necesiten asistente personal. El Gobierno no facilitó ayer la memoria económica del texto aprobado.

Está sin concretar en el proyecto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, el tipo de ayuda -económica o de servicios- que se recibirá en cada caso, un derecho que, según el Gobierno, garantizará la nueva ley. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. A su juicio, supone "un enorme avance social" que, además, favorecerá a las mujeres -lo son el 83% de los cuidadores familiares-. Confía en que la ley entre en vigor el próximo 1 de enero. Cuenta con el apoyo declarado de Izquierda Unida-ICV y de Esquerra Republicana de Catalunya.

- Implantación gradual. La ley creará el Sistema Nacional de Dependencia, el paraguas que acogerá todos los servicios, preferentemente públicos o concertados, que se pondrán a disposición de las personas con discapacidad. Entre ellos, la teleasistencia, los centros de día, la ayuda a domicilio y las residencias. Será preciso crear una red amplia. Ahora sólo el 6,5% de las familias que cuidan a una persona dependiente recibe ayudas sociales, según el Libro Blanco de la Dependencia. El sistema se implantará de forma gradual. Comenzará por atender a las personas con mayor discapacidad (201.000 el año próximo, cuando está previsto un gasto de 800 millones de euros, en parte destinados a infraestructuras). En 2008 habrá 300.000 beneficiaros y un gasto de 1.357 millones, según calcula Trabajo.

- 375 euros por beneficiario. Desde 2007 hasta 2015 (cuando se prevén 1.373.000 beneficiarios), la Administración Central aportará 12.638 millones de euros para la atención a la dependencia y las comunidades, otro tanto, según el Ministerio de Trabajo. A partir de ese año, el coste del sistema supondrá algo más del 1% del PIB. Ahora las administraciones dedican 1.776 millones anuales en atender a las personas dependientes. Según Caldera, se prevé que la atención a cada dependiente cueste una media de 375 euros mensuales a las arcas públicas en 2015.

- Ayudas económicas. Cuando no se pueda proporcionar atención pública, se concederá una prestación económica (por determinar) para que la persona la contrate de forma privada. También se contempla que los cuidadores familiares reciban un sueldo (aún sin fijar) y se den de alta en la Seguridad Social.

- Atención igual en toda España. La ley prevé tres niveles de servicios. La Administración Central financiará el más bajo, que garantizará una atención mínima igual en toda España (su contenido está por determinar). El segundo nivel de protección será el que se acuerde entre la Administración Central y cada comunidad autónoma (se financiará al 50% por convenios). Si las comunidades desean ampliar más la atención (tercer nivel) deberán sufragarlo solas, con sus propios recursos.