La Generalitat se desvincula del proyecto para poner en marcha el mayor parque empresarial de Castellón

La Generalitat ha decidido desvincularse de Parc Castelló, el proyecto de parque empresarial más importante de la provincia, pese a que su puesta en marcha fue una iniciativa del Consell, anunciada hace ya tres años. El gobierno valenciano ha decidido ahora dejar en manos del Ayuntamiento de Castellón la tramitación, el desarrollo y ejecución del proyecto en el que, únicamente, colaborará.

La empresa municipal Gumsa desarrollará las obras de urbanización, según denunciaron ayer los socialistas, que consideran que la decisión de la administración autonómica denota que "el proyecto no es una prioridad para el Consell", tal como dijo la diputada Amparo Marco, mientras que el portavoz del grupo municipal socialista la calificó de "engaño y vergüenza". El portavoz de Industria del PP en las Cortes Valencianas, Jaime Mundo, replicó que "los socialistas están más preocupados por su interés electoral que por el progreso y el bienestar de la provincia de Castellón".

Parc Castelló se presentó como un gran parque empresarial promovido por la entonces Consejería de Industria, Comercio y Energía y ejecutado por la empresa pública Sepiva, que iba a ocupar una superficie total cercana a los dos millones de metros cuadrados, que iba a generar una inversión inducida de 1.250 millones de euros y en el que se crearían unos 8.000 empleos directos. Poco después se varió la superficie y se redujo a alrededor de un millón de metros cuadrados.

A finales de 2005, la Generalitat decidió modificar su idea inicial de ejecutar Parc Castelló a través de la adquisición de suelo, mediante expropiación, para optar por la urbanización a través del Sepiva, y con la presentación de un Programa de Actuación Integrada (PAI). La falta de liquidez de la administración autonómica para pagar las expropiaciones fue la principal causa de este cambio de opinión. La ubicación elegida por la Generalitat para el parque obligó al Ayuntamiento de Castellón a recalificar el suelo de rústico a industrial. Además, la administración eludió una de sus leyes, la famosa cláusula de la Ley de Suelo No Urbanizable por la que el urbanizador ha de ceder tantos metros de suelo protegido como superficie tenga que recalificar el ayuntamiento para posibilitar el proyecto