La presión urbanística asedia al campo

Un propietario de Benaguasil reconoce que con la venta de una tercera parte de su tierra al precio que le ofrecen, obtendría más dinero que con lo que pueda ganar cultivando sus campos hasta su jubilación. Ferran Gregori, responsable de Ordenación del Territorio de la Unió de Llauradors-COAG, trata de ilustrar con este caso la situación en que está el campo valenciano ante el intenso avance urbanístico.

Con todo, Gregori tiene claro que si la agricultura fuera rentable "como hace 20 años" y la población agraria no estuviera tan envejecida no se harían ni una décima parte de los PAI. "No conozco a ningún agricultor que quiera que quiten naranjos o huerta para hacer campos de golf", resume el dirigente sindical. La realidad, sin embargo, es que los campos de golf avanzan y los cultivos retroceden, sobre todo en el litoral, donde se concentra el 31% de toda la producción agrícola valenciana. Y aunque los PAI (Programa de Actuación Integrada) se concentran sobre todo en la costa valenciana, la situación varía por provincias.

"Si el cultivo fuera más rentable y la población no estuviera envejecida, no se haría tanto PAI"

La superficie de cultivo en la Comunidad Valenciana ha retrocedido entre el año 2000 y 2004 en casi 43.000 hectáreas -20.000 hectáreas se han perdido en Valencia, algo más de 15.300 hectáreas en Alicante y 7.628 hectáreas en Castellón-, según la Unió. Casi 11.000 de las hectáreas perdidas son de cítricos y cerca de 4.500, de hortalizas. La aportación del sector agrícola al valor de la producción regional ha pasado del 5,5% de 1986, a un 3,2% en 2000, situándose por debajo de la media nacional, del 4,3%, según reconoce la Consejería de Territorio en el proyecto del Plan del Litoral.

La presión urbanística explica, en parte este retroceso. "Hoy en día en el litoral la agricultura no puede competir con la presión urbanizadora, que genera unas plusvalías mucho mayores para los propietarios", concluye Territorio.

Artur Aparici, profesor de Sociología de la Universitat Jaume I de Castellón, explica que los PAI aprobados en esta provincia intensifican el uso residencial de la costa. Aparici amplía que el encarecimiento del suelo en el litoral acabará provocando un desplazamiento de la superficie industrial hacia el interior, al igual que la prevista para residuos. El profesor muestra su preocupación por que "se intensifique el desorden existente en la ordenación del territorio". Un temor compartido por Gregori, que insiste en criticar la falta de "visión comarcal y de país" existente.

Gregori asegura que los PAI más grandes, los que incluyen campo de golf y área residencial, están sobre todo en la costa y en el prelitoral. Sólo en un año, la Unió de Llauradors ha creado tres Agrupaciones de Interés Urbanístico (AIU), todas ellas en Castellón, para defender los intereses de sus asociados. Es precisamente esta provincia en la que hay menos terreno urbanizado y por ello la que está más en el punto de mira.

En Alicante, Ernest Blasco, dirigente de la Unió, recuerda que en la franja costera apenas hay cultivos y que por ello la presión se ha trasladado tierra adentro. Hay proyectos, recuerda, que cuadriplicarían la población de un municipio y que, en algunos casos, han despertado una fuerte oposición vecinal. Un ejemplo sería el PAI proyectado por Francisco Roig en Sanet i Negrals, que preveía la construcción de 1.600 viviendas y un campo de golf en plena huerta. La iniciativa se tumbó. En Valencia, una parte de la huerta de Alboraia se quiere transformar en residenciales junto al mar y, en Cullera, dos grandes PAI consumirán unos 10 millones de metros de suelo rústico.

Ferran Gregori se muestra muy crítico con el negocio que rodea a este tipo de proyectos que, en muchos casos, dejan fuera de juego a los agricultores en beneficio de los agentes urbanizadores. Es a "casi todos" éstos, a las inmobiliarias y en muchos casos también a los ayuntamientos a los que el dirigente sindical acusa de jugar "con la ignorancia de la gente y con la necesidad de que los agricultores quieran vender". Gregori menciona dos formas contra las que la Unió lucha: contra los contratos de compra-venta cerrados a precio actual, pero que serán efectivos cuando se apruebe el PAI -en ese tiempo el precio de la tierra puede pasar de 6.000 euros por hanegada a 90.000-. Y el segundo sistema al que se oponen es el que lleva a los propietarios a firmar compromisos de apoyo a un determinado plan. Esta fórmula no está sometida a precio pero la Unió trata de que los agricultores estudien varias propuestas antes de decidir.