Brindis al sol

La decisión del PP de presentar tanto una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General como una proposición no de ley, con la finalidad de que, en casos de disolución de un ayuntamiento por grave incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se reduzcan a la mitad los plazos del procedimiento electoral previsto en la mencionada ley orgánica, de tal manera que se pudieran realizar elecciones en Marbella de manera inmediata, es un mero brindis al sol. Los dirigentes del PP no pueden no saber que el tiempo que necesita la tramitación parlamentaria de la proposición de ley o la respuesta que se podría producir tras el debate de la proposición no de ley, aún en el improbable caso que hubiera consenso para hacerlo, impediría en todo caso la celebración de elecciones en Marbella.

Con el ordenamiento jurídico español, tal como está, es decir, tal como ha sido decidido democráticamente por los representantes del pueblo español y con base en el cual se han celebrado todas las elecciones generales y municipales desde la recuperación de la democracia, no es posible la celebración de elecciones en Marbella en este momento. Así lo ha dicho de manera inequívoca el Consejo de Estado y así ha sido interpretado por todos especialistas en Derecho Público de este país. Seguir enredando con la convocatoria de elecciones como si fuera algo posible, como si fuera algo que depende de la "voluntad política" del Gobierno y de su mayoría parlamentaria, tal como han dicho los dirigentes andaluces del PP, Javier Arenas, Antonio Sanz, Ángeles Muñoz..., es desconocer qué es un Estado de Derecho. El sometimiento de las decisiones política a determinadas formalidades jurídicas es la esencia del Estado de Derecho. En democracia la forma es el fondo y en materia electoral todavía más.

Curiosamente esta forma de razonar del PP es la misma que están poniendo en práctica los dirigentes de la ilegalizada Batasuna a propósito de las decisiones que está adoptando el juez Fernando Grande-Marlaska sobre Arnaldo Otegi. Están denunciando la actuación policial y judicial del Gobierno como si dependiera de la "voluntad política" de éste el que se adoptaran o se dejaran de adoptar decisiones judiciales sobre el dirigente abertzale. La voluntad política tiene límites jurídicos de los que no puede disponer a su antojo. Esto vale exactamente igual para la situación procesal de los dirigentes de Batasuna como para la celebración de elecciones en Marbella.

Pero es que, además de ser jurídicamente imposible, la celebración de elecciones en Marbella en este momento sería políticamente indeseable. ¿Hay alguien en su sano juicio que pueda pensar que en este momento se puede formular un programa para la dirección del ayuntamiento que pudiera ser sometido a la aprobación de los ciudadanos? ¿Qué conocimiento se puede tener de la situación patrimonial del ayuntamiento, de la implicación de algunos o de buena parte del personal que trabaja en el mismo en algunas de las operaciones presuntamente delictivas que se conocía desde hace tiempo, pero que hoy se conocen como consecuencia de una investigación judicial? En definitiva, ¿Quién que no sea un charlatán está en condiciones de poder decir que tiene un programa para dirigir políticamente el Ayuntamiento de Marbella?

Para que unas elecciones tengan sentido, tiene que producirse previamente una clarificación de la situación en que ha quedado el ayuntamiento marbellí tras el paso de los más de cuatro jinetes del Apocalipsis, que ha conducido a la declaración del estado de excepción por unanimidad por los órganos constitucionales legitimados para ello. Únicamente cuando tras las decisiones de excepción se haya restaurado la vigencia de la norma, se podrán celebrar normalmente elecciones. Todo lo demás es pura palabrería.