SOS Racismo ve xenofobia en las protestas de vecinos del Eixample contra comercios chinos

Las protestas y movilizaciones anunciadas por la Asociación por un Eixample Sostenible contra los comercios chinos en ese barrio de Barcelona no tienen ninguna justificación: son xenófobas. Con esa rotundidad se expresaba ayer la organización SOS Racismo a propósito de las protestas y alertaba de que actitudes de ese tipo pueden poner en peligro la convivencia. Responsables del distrito optaron por intentar calmar los ánimos de todas las partes, pero dejando claro que no limitarán la actividad comercial de los ciudadanos chinos si sus establecimientos se ajustan a la normativa y tienen todos los permisos, según dijo el segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella.

"El problema real existente es un problema comercial, de competitividad de un mercado libre, y por tanto esconder esto detrás de argumentos de convivencia, de defensa del comercio tradicional y de pérdida de identidad del barrio es una actitud racista que pone en peligro la convivencia", sostiene el comunicado de la organización. Basan esa opinión en que nunca se han producido manifestaciones de vecinos con esos argumentos por el boom inmobiliario o por la proliferación de franquicias internacionales de bares y comercios. "Ninguna asociación comercial utiliza esos argumentos para denunciar el precio abusivo de los locales del centro de la ciudad", añade, tras lo cual destaca que eso sólo se hace cuando se trata de comerciantes extranjeros extracomunitarios.

Apaciguar el clima

SOS Racismo defiende la actitud del Ayuntamiento de Barcelona de no poner otros límites a la actividad comercial de los ciudadanos chinos y de defender la igualdad de derechos en favor de la cohesión social.

Desde el distrito se intenta apaciguar el clima, aunque se ve con preocupación la actitud de algunos grupos políticos en torno al problema. "Lo que no se debe hacer es calentar una asamblea", explicó un responsable del Eixample a propósito de las intervenciones de un consejero de CiU en la reunión que convocó esa plataforma el pasado martes, movimiento del que las asociaciones de vecinos del entorno se están desvinculando.

Fuentes del distrito argumentan, por ejemplo, que el porcentaje de problemas o irregularidades en los locales regentados por chinos es del 16%, cuando la media del resto es del 21%.

El segundo teniente de alcalde y presidente del distrito del Eixample, el republicano Jordi Portabella, rechazó ayer la posibilidad de poner en marcha un plan de usos para evitar la proliferación de comercios chinos en el barrio tal como pide Convergència i Unió. Portabella argumentó que los planes de usos sirven para regular el tipo de establecimientos que se instalan en una zona, pero que esta regulación no puede hacerse "en función del territorio del que proceden los propietarios de los comercios".

"¿Es que los chinos sólo tienen tiendas de todo a cien?", se preguntó el edil. Y advirtio de que la comunidad china afincada en los entornos de la calle de Trafalgar, en el lado derecho del Eixample (conocida popularmente como Chinatown), regenta negocios de todo tipo: restaurantes, zapaterías, centros de masajes y tiendas de ropa.

Descartado el plan de usos, Portabella apostó por otro método para evitar las suspicacias de los vecinos: hacer inspecciones para comprobar que estos locales "cumplen la normativa". En este sentido, desvinculó la polémica de la próxima retirada de unos 60 rótulos en establecimientos de la calle Trafalgar, que incumplen la normativa en esta materia. "No tiene nada que ver con su procedencia", añadió.

Convergència i Unió replicó ayer que, si el plan de usos comercial ha sido "útil y efectivo" en la Rambla, también puede serlo en los entornos de la calle Trafalgar. Joaquim Forn, concejal convergente adscrito al Eixample, consideró "vergonzoso" que, después de meses de protestas, el Ayuntamiento "todavía no se haya reunido" con los vecinos del barrio. El otro partido de la oposición en el consistorio, el PP, instó "al Ayuntamiento, al Estado y a la Generalitat" a poner fin a los comercios chinos que se encuentren en situación irregular.