El Tribunal de Cuentas investigará los 300 contratos irregulares denunciados en Palos
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda presentada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) en la que acusa al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), de realizar desde 2003 un total de 300 contrataciones irregulares en el Ayuntamiento. El sindicato ha calculado que el equipo de Gobierno ha podido gastar en esos contratos "ilegales" unos 40 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas insta en el auto a que "se trasladen las presentes actuaciones a la sección de Enjuiciamiento a los efectos de que por ésta se proponga a la Comisión de Gobierno de este tribunal el nombramiento delegado instrucción", al objeto de que se investigue este asunto.
El tribunal justifica la designación de ese delegado instructor en el siguiente argumento: "En el momento actual, este órgano no puede pronunciarse sobre si en las actuaciones de gestión hubo o no perjuicio económico y, por ello, procede que por el delegado instructor se proceda a realizar las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".
El presidente del sector de Administración Local del CSI-CSIF, Nicolás Orta, afirmó ayer que el sindicato viene denunciando desde 2003 "el abuso de la contratación laboral temporal en el Ayuntamiento de Palos, especialmente respecto a la ausencia absoluta de procedimientos selectivos previos". Orta indicó que "esos contratos no responden a plazas de la plantilla ni a la cantidad que se prevé en los presupuestos". Y añadió: "este Ayuntamiento ha estado funcionando de forma anómala y su principal responsable, el alcalde".
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