Bronca entre PP y PSOE en el Senado por el 'caso Marbella'

El Senado aprobó ayer con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios dar luz verde a la iniciativa del Gobierno para disolver el Ayuntamiento de Marbella a raíz del inmenso escándalo de corrupción destapado en esa localidad malagueña. La celeridad y el consenso con el que fue tramitada la cuestión, una medida excepcional y sin precedentes en democracia, se vio empañada cuando en el pleno del Senado un parlamentario popular expresó sus "sospechas" de que la Junta de Andalucía actuara en "cierta connivencia" con el consistorio o "mirara para otro lado".

El informe favorable de la Cámara alta es imprescindible para llevar a cabo el proceso, que culminará mañana en el Consejo de Ministros con la disolución de la corporación municipal por real decreto.

La votación en el pleno fue sólo un trámite, con el voto afirmativo de los 233 senadores presentes. Pero los 10 minutos que los portavoces habían acordado para explicar su voto sirvieron para incendiar el debate. Por parte del PP, el senador por Málaga Joaquín Luis Ramírez, tras hacer recuento de la herencia del GIL en Marbella, dijo: "Todos hemos participado en el fracaso de Marbella, pero también es cierto que es la candidata del PSOE la que está en la cárcel, por lo que no es lo mismo una cosa que la otra". Ya entre murmullos de la bancada socialista, añadió: "Son 15 años. Son 30.000 viviendas ilegales. Y sólo gobernando el PSOE en la Junta de Andalucía, con todas las competencias en urbanismo. Son muchos años para no sospechar cierta connivencia o que se haya mirado para otro lado".

Irritación del presidente

La frase no sólo provocó la indignación y gritos de "¡discúlpate!" entre los socialistas, sino la irritación del propio presidente del Senado, Javier Rojo. "Le ruego, por lo que estamos transmitiendo a los ciudadanos, que retire del acta la imputación que acaba de hacer", le dijo Rojo. Ramírez, presidente del PP malagueño, rechazó retirar sus palabras y se reafirmó en ellas.

Antes de este estruendoso final, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, había tomado la palabra en nombre del Gobierno para pedir el informe positivo del Senado. "La democracia tiene que poder defenderse de los abusos que se producen desde dentro del propio sistema", dijo Sevilla. "No es momento de cálculos electoralistas, sino de aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la democracia". El Parlamento de Andalucía, por su parte, aprobó ayer por unanimidad pedir a las distintas Administraciones que los fondos incautados a los acusados de corrupción en Marbella se restituyan al patrimonio municipal.