Más de un millón de franceses salen otra vez a la calle contra la reforma laboral

Entre uno y tres millones de personas volvieron a salir ayer a la calle en Francia contra el ya difunto contrato de primer empleo (CPE), que precariza el trabajo de los jóvenes. Sindicatos y policía coincidían en que la movilización era equiparable a la del pasado 28 de marzo. Mientras, el primer ministro, Dominique de Villepin, reconocía en la Asamblea Nacional que la prioridad de su Gobierno era "salir rápidamente de la actual crisis", y su popularidad caía a récords históricos. Su gran rival, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, convocó para hoy a sindicatos y estudiantes para negociar.

El seguimiento de las huelgas, sin embargo, fue mucho menor, especialmente en el transporte público. En los ferrocarriles (SNCF), sólo fue seguida por un 18,3% de los trabajadores; en París, la frecuencia de los metros se redujo en un 25% y una cifra similar en los trenes de cercanías. En 32 ciudades hubo perturbaciones en los transportes públicos. También el tráfico aéreo sufrió la huelga de controladores. En la educación pública, la huelga fue seguida por entre el 16% y el 28% de los profesores. Los periódicos fueron distribuidos casi con normalidad.

La manifestación de París, la más multitudinaria, transcurrió desde la plaza de la República hasta la de Italia. Según los sindicatos, congregó a 700.000 personas. La policía dejaba la cifra en 84.000. El Ministerio del Interior calculó en 1.028.000 el total de personas que acudieron a las 258 manifestaciones que hubo en todo el país. Los sindicatos triplicaron la cifra. En cualquier caso son cantidades muy similares a las de hace una semana. Al contrario que en las últimas movilizaciones, ayer se registraron escasos incidentes, tan sólo los protagonizados por los ya habituales casseurs (reventadores) que actuaban en París al final de la marcha. También en Lille hubo incidentes.

Los manifestantes coreaban las mismas consignas que en las cinco previas movilizaciones, todas pidiendo la retirada del CPE, el contrato laboral para menores de 26 años que permite el despido sin justificar en los primeros 24 meses. Sin embargo, para todo el mundo es evidente que el CPE está muerto desde que Chirac anunciara el viernes pasado -en una decisión de contorsionismo político- que lo promulgaba, pero que ordenaba que no se aplicara hasta que no hubiera sido sustancialmente modificado, reduciendo el periodo de prueba de dos años a un año y estableciendo derecho a conocer el motivo del despido.

Chirac desautorizaba así a su primer ministro y daba la orden a su gran rival, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de maniobrar para salir de la crisis. El jefe del Estado había sostenido en todo momento a Villepin desde que empezó esta crisis hace ya más de dos meses, hasta el punto de que los rumores que llegaban del palacio del Elíseo señalaban que el presidente se había convertido en el rehén del jefe del Gobierno y de la apuesta de éste de ocupar el espacio político que, de cara a las presidenciales del año que viene, le disputa el presidente de la UMP, Nicolas Sarkozy.

La sesión de preguntas al Gobierno se convirtió ayer en un auténtico suplicio para Villepin. "Usted está en Matignon, pero no gobierna, lo suyo es sólo una apariencia de poder, es lo que se llama una crisis de régimen", le dijo el jefe del grupo socialista, Jean-Marc Ayrault. Los franceses, añadió, "se preguntan quién gobierna en Francia". Villepin, obviamente superado por la situación, respondió: "El presidente preside, el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y los partidos políticos contribuyen a la vida democrática en el marco de la Constitución". Y ya más entero, añadió: "La crisis no le interesa a nadie".

El problema, sin embargo, es que el CPE está muerto, pero no enterrado. La Ley para la igualdad de oportunidades, que incluye el polémico contrato, entró en vigor el domingo pasado avalada por el Consejo Constitucional y promulgada por el presidente de la República. Cualquier revisión no se limitará a los dos puntos establecido por Chirac. El propio Sarkozy ya ha abierto la puerta a negociarlo todo "sin tabúes ni límites".

A un año de la fecha prevista para las elecciones presidenciales, empiezan a sonar las primeras voces que piden abiertamente una disolución de la Cámara, controlada holgadamente por la mayoría gubernamental de centro-derecha, que, a todas luces, no cuenta ahora con el apoyo popular. El problema es que el modelo francés es presidencialista y cualquier cambio real exigiría una dimisión del presidente Chirac.

Una encuesta publicada ayer por el diario Les Echos señalaba que el 55% de los franceses considera "insuficientes" los cambios sugeridos por Chirac. La popularidad de Villepin ha caído a su punto más bajo, un 28%, según una encuesta del semanario L'Express, la misma que disfrutaba su predecesor, Jean Pierre Raffarin, poco antes de ser sustituido hace 10 meses tras el no a la Constitución europea.