El deber de abrir camino

España acaba de ratificar el Protocolo de Naciones Unidas contra la tortura, cumpliendo con un compromiso del PSOE en las pasadas elecciones generales. El texto de este Protocolo, que complementa y prolonga los acuerdos de Naciones Unidas contra el tormento al ser humano, aúna dos objetivos de nuestra política exterior: la defensa de los derechos humanos y la apuesta por el multilateralismo eficaz.

En la defensa de los derechos humanos el multilateralismo es fundamental para impermeabilizar la membrana por la que a veces se escapan acciones inaceptables contra la persona. España apoya los esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir un marco jurídico sólido que haga la membrana más impermeable y asegure la protección de los derechos humanos. Hemos suscrito prácticamente todos los convenios universales y regionales sobre promoción y protección de derechos humanos. Además, hemos contribuido activamente a la creación hace menos de un mes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un nuevo hito en la protección universal de los derechos básicos de todos los individuos.

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes nos compromete con el instrumento jurídico universal más avanzado de protección de los derechos humanos. Este texto se basa en los principios de transparencia, prevención y plena colaboración con los organismos internacionales, e incorpora dos novedades fundamentales. Por una parte, un sistema de visitas sin restricciones a cualquier centro de detención de los Estados que suscriban el Protocolo. La Convención Europea para la Prevención de la Tortura, de la que también formamos parte, ha puesto de manifiesto la eficacia de este sistema de visitas. Por otra parte, este marco jurídico obliga a los Estados a crear o mantener los denominados "mecanismos nacionales de prevención", que deben intentar evitar toda práctica cruel o degradante antes de que se produzca.

Para su ratificación, el Gobierno ha contado con el estímulo y la complicidad de la sociedad española, con la que mantenemos un diálogo permanente. Es justo mencionar a las ONG por su decisiva defensa de este instrumento jurídico. Desde este punto de vista, se podrán sentir protagonistas de su entrada en vigor.

El Protocolo entrará en vigor cuando un mínimo de 20 países repitan lo que España acaba de hacer en Naciones Unidas, lo que se producirá probablemente a lo largo de 2006. España, al formar parte del pequeño grupo de 20 países firmantes que pondrán este Protocolo sobre las vías, se ha convertido en punta de lanza para erradicar la tortura y cualquier forma de trato inhumano, cruel o degradante que cercene la dignidad de la persona.

Creo que nos podemos sentir todos los españoles orgullosos de estar entre los primeros en ratificar este Protocolo y, desde el convencimiento, animamos a todos los Estados que integran la comunidad internacional a suscribirlo.

La única respuesta válida a la tiranía del miedo y a las prácticas inhumanas y degradantes es la primacía de la Ley y del Derecho porque el respeto a la dignidad humana es la garantía para construir un mundo más seguro y más cierto.

Miguel Ángel Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores.