Cada ciudadano soporta una deuda del Gobierno y las diputaciones de 1.180 euros

Cada ciudadano vasco soporta una deuda del Gobierno y las diputaciones de 1.180 euros. Vizcaya es el territorio en peor situación con un endeudamiento per cápita de 1.398,4 euros, mientras Álava está en 1.085,2 y Guipúzcoa en 878,65 euros. El Gobierno lleva un ritmo acelerado de reducción de deuda, Guipúzcoa un descenso moderado, mientras los otros dos territorios van a un ritmo ascendente. El aumento de la deuda en las diputaciones es uno de los argumentos que se aduce para el cambio del reparto de fondos entre Gobierno y diputaciones.

Hace ocho años Álava era el territorio vasco donde sus ciudadanos soportaban un menor endeudamiento, Vizcaya llevaba un programa ambicioso de reducción de la deuda y Guipúzcoa tenía los peores números de la comunidad. En un decenio la situación ha cambiado completamente (ver gráfico de evolución de deuda). El Gobierno vasco mantiene un ritmo constante de reducción del endeudamiento y cierra sus presupuestos con un superávit en sus cuentas.

¿Qué pasa con la deuda foral y fundamentalmente en Álava y Vizcaya? ¿En estos territorios el rigor presupuestario no funciona? Nadie daría una respuesta afirmativa a estas preguntas. La deuda de Vizcaya está marcada por el lastre que supone el Consorcio de Transportes, el 50% de este endeudamiento lo soportan directamente los vizcaínos y el otro 50% el Gobierno vasco, pero sin este concepto su endeudamiento también mantiene una línea creciente.

Cambio de coeficientes

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Vizcaya, antes de ocupar este cargo vigilaba desde el Gobierno los presupuestos y fue responsable de su saldo positivo. No parece razonable que haya perdido la fe en su filosofía económica ni sus capacidades como gestor. Algo parecido podría pensarse de Álava donde su diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, del PP, ha visto como su territorio no podía seguir la senda que marcó su partido en la época en que Rodrigo Rato era responsable de Hacienda en el Gobierno central. Guipúzcoa es la excepción, pero partía del nivel de endeudamiento per cápita más alto.

La respuesta puede llegar por la petición foral de un reparto de fondos entre diputaciones y Gobierno. La Ley de Aportaciones es la norma que marca cómo se reparte la recaudación. Establece los coeficientes horizontales, que fijan el reparto de las cantidades que corresponden a las diputaciones y el coeficiente vertical, que fija que el Ejecutivo se llevará un 70,44% del total recaudado.

Es precisamente este porcentaje por el que pelean las diputaciones forales. La Ley de Aportaciones se revisa de forma quinquenal y toca este año. A la par que entre las instituciones vascas negocian esta norma, entre el Gobierno central y el vasco discuten la Ley Quinquenal del Cupo, que regula los flujos financieros entre las administraciones central y la vasca. Establece la cantidad que Euskadi debe aportar a las arcas del Estado por el coste de las competencias que no tiene asumidas.

El Gobierno vasco vincula ambas negociaciones y las diputaciones no quieren hacerlo. Consideran que el reparto de fondos que establece el coeficiente vertical no es correcto. Creen las diputaciones que sus gastos aumentan más que los del Gobierno y que carecen de financiación para sus competencias. De hecho, un reciente estudio de la UPV establece que el Gobierno vasco está asumiendo competencias forales. Además, por medio de planes plurianuales el Gobierno está devolviendo dinero a las diputaciones.

Sin embargo, este sistema no les gusta a las diputaciones forales que no quieren dar al Gobierno dinero que recaudan y que luego se lo devuelva con la obligación de dedicarlo a un propósito. Lo que les gustaría es poder quedarse el dinero para poder destinarlo a los objetivos que deseen. Las diputaciones alegan que el gasto social de los departamentos de Bienestar Social se está disparando y que es precisamente este motivo el que les lleva a precisar más recursos. El Ejecutivo vasco se defiende asegurando que también padece un incremento del gasto social.