El Gobierno quiere acabar con los abusos de los intermediarios en la venta de pisos

El Gobierno quiere regular la intermediación inmobiliaria para poner coto a los abusos en la compraventa de pisos, que se han disparado desde 2000 al calor del boom de la vivienda. Los 95.000 operadores que actúan en España (agentes de la propiedad, agencias inmobiliarias y profesionales autónomos) no están sujetos por ley a una normativa específica ni se les exige un título para trabajar, una falta de control que se traduce a veces en comisiones excesivas (10%) y prácticas especulativas. El Ejecutivo se ha comprometido, según fuentes del sector, a atender las demandas de los 8.000 agentes de la propiedad colegiados, que piden un registro público y que se exijan seguros de responsabilidad civil a todos.

Los precios de las viviendas no paran de subir -acumulan un alza del 150% desde 1998- en un mercado en ebullición -el año pasado se vendió un millón de pisos-, en el que cada día es más difícil encontrar casa a precio razonable. Para salvar dificultades y ahorrar tiempo, un número creciente de ciudadanos acude a una agencia en busca de un profesional que les ayude a buscar piso (compra o alquiler). Como resultado, la intermediación ha vivido en estos años su propio boom, pero ha coincidido con la liberalización de este mercado en 2000, que ha supuesto un aumento de los abusos y de la especulación que el Gobierno quiere frenar, según fuentes inmobiliarias.

Basta un teléfono móvil para intermediar en la compraventa de una vivienda. Ni títulos oficiales, ni seguros que cubran las operaciones. Evidentemente, no todas las agencias abusan de los clientes, pero cualquiera puede mediar en las transacciones desde que el anterior Ejecutivo del PP aprobó un decreto de medidas liberalizadoras del sector inmobiliario y que en 2003 se convirtió en ley.

Según este documento, pueden ejercer esa profesión los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) "conforme a los requisitos de cualificación profesional contenidos en su propia normativa específica", pero también "personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial".

España es el único país europeo sin una regulación de este sector. La liberalización perseguía introducir más competencia en un mercado controlado hasta entonces por los API, figura que nació en 1948 y que desde 1969 dispone de una titulación oficial. Un API tiene unos honorarios estipulados: las comisiones que cobran a sus clientes deben estar entre el 3% y el 5%. En España, existen unos 8.000 agentes de la propiedad. El resto de intermediarios (hasta llegar a los 95.000 que en total se calcula que hay) actúa con libertad.

"Los API están sujetos a un mismo código deontológico; esto no significa que trabajen mejor que las agencias, aunque teóricamente ofrecen unas mínimas garantías en caso de problemas", explica Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Más reclamaciones

"No estamos de acuerdo con que los agentes se tengan que colegiar para ejercer esta profesión, pero sí creemos que es necesaria una regulación", añade.

De las 4.122 quejas relacionadas con el mercado de vivienda de segunda mano que la OCU recibió en el último año, un 5% se debió a problemas con los agentes inmobiliarios (véase gráfico). "Nos hemos encontrado con casos de compradores en los que el intermediario les ha forzado a entregarle una señal de 600 euros sólo por el hecho de enseñarles un piso", explica la portavoz. "Dicen que este aval lo exige la ley, pero no hay ninguna ley", advierte. "Algunos no sólo piden una señal, sino que también desaparecen con ella", remata Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, que también ha pedido al Ministerio de Vivienda que establezca condiciones al conjunto del sector. La ministra María Antonia Trujillo se ha comprometido con el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de España a estudiar estas propuestas para reforzar los controles en este sector. El sector pide que se cree un registro público para controlar quién opera en este mercado. Además, también debería obligarse a todas las agencias a que, sin excepción, suscriban un seguro de responsabilidad civil. Por último, los API también piden que el agente demuestre que no tiene antecedentes penales. En Cataluña también se están dando pasos. La Generalitat ultima una ley que obligará a todos los intermediarios a inscribirse en un registro oficial con el objetivo de luchar contra el fraude y dar garantías al comprador de un piso, al vendedor y a la propia agencia inmobiliaria. Todo indica que las comisiones, de momento, seguirán siendo libres. Aunque las asociaciones de consumidores, que ya consideran excesivos los honorarios de los API, recuerdan a los compradores de un piso y a los propietarios que quieran venderlo que algunos intermediarios llegan a cobrar más del 10%.