Nueva rebelión indígena en Ecuador
Los campesinos burlan el estado de excepción y prosiguen su pulso contra el Tratado de Libre Comercio con EE UU
![Fernando Gualdoni](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9118e994-7102-424f-a3c7-e63107f3ec5e.jpg?auth=a6e72e2fe7f901a3630e056cd6b2c292b7956e839eb81cbc2116dc5691931d16&width=100&height=100&smart=true)
"¡La lucha es el camino que heredamos de nuestros ancestros, es lo único que nos queda!", gritaba con vehemencia Luis Macas, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que este fin de semana confirmó en su Asamblea Nacional que llevará su lucha contra el acuerdo de libre comercio con EE UU "hasta las últimas consecuencias". Macas, extremadamente serio y vestido con el atuendo araguro -poncho, sombrero verde de fieltro y pantalones hasta la rodilla-, alardeó al comienzo de la reunión de que, pese al "militarismo" del Gobierno del presidente, Alfredo Palacio, éste no había logrado evitar que se celebrara la asamblea ni iba a poder detenerlos.
En lo primero, al menos, tenía razón. Como el Ejecutivo mantiene desde el 21 de marzo el estado de excepción en varias provincias, los indígenas realizaron un quiebre de última hora y, en vez de reunirse en la provincia de Chimborazo, el mismo día cambiaron el lugar y se vieron en Salasaca, en la provincia de Tungurahua, sobre la que no pesan restricciones de libertad de reunión. Mientras un millar de policías y militares tomaban Chimborazo, alrededor de 500 delegados de las 27 comunidades y naciones indígenas de la Conaie llegaban a la vecina localidad salasaqueña de los Andes centrales, a unos 170 kilómetros al sur de Quito. Gentes de todas las partes del país: indios de la sierra andina en su mayoría, pero también de la Amazonia ecuatoriana, con horas de viaje a sus espaldas, y de la costa del Pacífico. Los indígenas son alrededor del 20% de los 14 millones de habitantes de Ecuador.
En la puerta del Coliseo de Salasaca, un pequeño polideportivo, Manuel Fares, indio del Chimborazo, convida a un trozo de arepa de maíz mientras espera que lo llamen para entrar a la asamblea. "Se dice que el maíz comenzó a plantarse en estas tierras hace 85.000 años. Para nosotros es como una madre", explica. "Si firmamos el TLC [Tratado de Libre Comercio] nos mandarán maíz transgénico y subsidiado que acabará con nuestra producción y nuestras vidas", añade.
María Masaquisa también espera. Como la mayoría, es reacia a hablar con la prensa. Dice que se lo han prohibido porque "publican mentiras". Votará por seguir la lucha. Junto a ella hay otras dos mujeres que hilan algodón en un palillo y que sólo se dirigen a ella y en quechua. María dice después que el tratado es "su final" como comunidad, pero que hay otros problemas que empezaron antes, "con la dolarización".
La economía de Ecuador está dolarizada desde 2000, en el país no circula papel moneda propio, sólo dólares. El salario medio de un trabajador ronda los 280 dólares (230 euros), mientras que la cesta de la compra supera los 400 dólares.El efecto de la dolarización en los precios ha sido nefasto. María cuenta que una ristra de cebollas costaba 500 sucres antes de la eliminación de la divisa nacional y que ahora cuesta 50 centavos de dólar, equivalentes a 12.500 sucres.
La dolarización fue impuesta el 9 de enero de 2000 por el presidente Jamil Mahuad y el 20 de ese mismo mes fue derrocado por un golpe encabezado por el ex coronel Lucio Gutiérrez, que formó una Junta de Salvación Nacional en asociación con la Conaie y un abogado guayaquileño llamado Carlos Solórzano. La iniciativa fracasó, Gustavo Noboa se hizo cargo de la presidencia y amnistió a todos los militares que habían participado en la asonada. En 2003, y esta vez por las urnas, Gutiérrez logró el poder. Sin apoyo en el Parlamento, el ex militar pactó con el partido indigenista Pachakutik, la Conaie y el marxista Movimiento Popular Democrático.
La luna de miel duró poco y Gutiérrez se asoció con el partido del ex presidente Bucaram, entonces prófugo por corrupción, y con Álvaro Noboa, magnate de la industria bananera. Estas amistades precipitaron la caída de Gutiérrez en 2005, tras la protesta encabezada por sus antiguos socios indígenas, los partidos opositores, los estudiantes y los trabajadores. La permanente inestabilidad política y el fracaso de los sucesivos modelos durante los últimos 16 años no han hecho más que agudizar la crisis económica que asuela a un país con nueve millones de pobres y con uno de los peores índices de distribución de la riqueza de América Latina.
Éste no es un problema sólo de los indígenas, pero ellos tienen el poder para organizarse y protestar. Miguel Tancarás es uno de los 36.000 shuaras de la Amazonia, es enérgico y dado a la palabra; durante su discurso en la asamblea fue aplaudido varias veces para obligarlo amablemente a terminar. Esta comunidad teme que el tratado con EE UU les quite uno de sus mayores tesoros, las medicinas ancestrales. Manuel Puertas, portavoz de la Conaie, explica, por ejemplo, que las comunidades utilizan plantas como la uña de gato o la ayabasca para hacer todo tipo de medicinas, algunas traspasadas de boca a boca por generaciones.
Cuando Ilda Santí, representante indígena de la selvática provincia de Pastaza, clama que el Gobierno sólo "les deja la basura", la ovación desborda al coliseo de Salasaca. Vestida con un traje de "blancos" y adornos étnicos, es la única mujer que se sienta en la fila de sillas de los máximos dirigentes. Tras ella, habla el jefe de la Conaie, Macas: "Los indios peleamos para vivir dignamente en un territorio que ya les pertenecía antes de que existiera este país. En dos semanas de protesta hemos cambiado el rumbo de Ecuador y hemos puesto sobre la mesa del debate el Tratado de Libre Comercio. Sin nosotros se hubiese firmado ya y a tragar. Esto no va a pasar, nunca va a suceder, a pesar del Gobierno militarista y de las mentiras que la prensa dice sobre nosotros", exclamó Macas. "¡Fuera mentirosos! ¡Fuera vendidos!", gritaban los delegados a los periodistas. Unos minutos después la prensa era invitada a abandonar el recinto, donde se deliberó hasta bien entrada la noche.
![Asamblea de dirigentes indígenas de la Conai, en la ciudad ecuatoriana de Salasaca.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JOKBDOOPLHCOL6YNEWDLNAGR4M.jpg?auth=f7fc95b72b753791ec6f2ad1b662e48d7121c48ad03c02af95bd300cbeaa8ecc&width=414)
Ultimátum al Gobierno
La asamblea de la Conai ha dado un ultimátum al Gobierno: si no retira al equipo que está negociando el Tratado de Libre Comercio con EE UU y no convoca una consulta popular, las movilizaciones y los bloqueos de carreteras se intensificarán en breve para forzar al presidente, Alfredo Palacio, a desistir con su proyecto.
Los movimientos indígenas saben que es un buen momento para meter más presión. Gilberto Talagua, coordinador nacional del partido indigenista Pachakutik, no podía ocultar ayer su satisfacción cuando se le preguntaba por el supuesto malestar de EE UU por la reciente aprobación de una ley de hidrocarburos que incrementa las aportaciones que deben hacer las petroleras al Estado. La más perjudicada es la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy).
"Esto demuestra que las movilizaciones indígenas están surtiendo efecto. Sin embargo, hoy más que nunca debemos continuar con nuestra misión", declaró Talagua en Salasaca. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio está bastante tocado. La ley de hidrocarburos no sólo ha irritado a Washington, sino que ha provocado enfrentamientos en el seno del Gobierno. Mientras el presidente parece estar dispuesto a revisar la ley energética, su ministro de Economía, Diego Borja, ha solicitado al mandatario que la deje como está.
Desde Washington, el principal negociador ecuatoriano, Manuel Chiriboga, reconoció que las negociaciones del tratado en lo que respecta al sector agroalimentario están estancadas y que las exigencias estadounidenses van en aumento. Se suponía que la ronda de conversaciones que desde el martes pasado se celebra en Washington iba a ser la definitiva, pero ahora no se espera que se cierre hasta finales de mayo. Muchos creen que si se sigue retrasando la firma, el Gobierno aplazará la decisión hasta después de las presidenciales de octubre.
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