Los exhibidores denuncian "abusos" de las distribuidoras de cine de EE UU

La Federación de Cines de España (FECE) presentó ayer en Madrid un informe en el que denuncia la "situación de acoso" de las empresas de exhibición por parte de las Administraciones públicas y las distribuidoras. El destinatario de sus reivindicaciones no es otro que el Ministerio de Cultura: los exhibidores pretenden que se ponga fin a los abusos de las distribuidoras estadounidense y a la cuota de pantalla que impone el Gobierno.

Los responsables de la Federación de Cines de España, que agrupa al 90% de las pantallas de nuestro país, aseguraron ayer que las salas de cine españolas son las mejores de Europa, pero también las peor tratadas. Y denunciaron que las principales distribuidoras estadounidenses -Columbia, Buenavista, Fox, United International Pictures (UIP) y Warner- les imponen condiciones abusivas; que el Gobierno les obliga a una cuota de pantalla de películas españolas y europeas, interesen o no, sean rentables o no; que las Administraciones públicas practican la competencia desleal con proyecciones gratuitas y, además, que se enfrentan a una competencia salvaje como es la piratería.

En el informe presentado ayer por la FECE, La exhibición cinematográfica: factores que distorsionan la libre competencia en España. Comparación con Europa, los exhibidores reclaman una competencia sin limitaciones. "La exhibición se encuentra condicionada por la situación de acoso y derribo de las distribuidoras norteamericanas, que actúan como un cártel y vulneran las normas de la competencia", aseguró el director general de FECE, Rafael Alvero.

Según el documento hecho público, las cinco distribuidoras estadounidenses ingresan aproximadamente el 70% de los beneficios de taquilla y esa posición dominante les permite imponer "contratos clónicos" e innegociables, prohibir todo tipo de rebajas y promociones o dictarles cómo, cuándo y dónde realizar las proyecciones. Además, desde hace 10 años obligan a los cines españoles a pagar un 15% más de media en concepto de alquiler de copia con respecto al resto de países de Europa. Ese porcentaje se traduce en 280 millones de euros que los exhibidores dejan de ingresar en sus arcas. Las salas de cine intentaron llegar a un acuerdo con las distribuidoras. No pudo ser, y en 2003 interpusieron una denuncia contra las cinco empresas estadounidenses ante el Tribunal de Defensa de la Competencia cuyo fallo podría resolverse en las próximas semanas.

La cuota de pantalla creada para proteger al cine español y, por extensión, al europeo -obligación de proyectar un día de cine comunitario por tres de terceros países, es decir, de EE UU- ha cumplido ya 65 años. "Ya es hora de que se jubile", afirmó ayer Rafael Alvero, quien añadió que esta medida no resuelve la crisis del cine, es inconstitucional y además atenta contra la libertad de mercado. Según sus cálculos, esta medida les ha supuesto en los últimos cinco años un descenso en sus ingresos superior a los 840 millones de euros.

Los ayuntamientos y diputaciones también les hacen la competencia. No la sana, sino la desleal. Según el informe, estas administraciones proyectan películas de actualidad, gratis o a precios simbólicos, y minan la ya de por sí dañada libre competencia de los cines de sus respectivos municipios.

"España tiene uno de los plazos más cortos de explotación exclusiva", apuntó Alvero en su última reivindicación. En concreto, cuatro meses desde que se estrena la película en la sala de cine hasta su paso a vídeo, DVD, pago por visión en las cadenas televisivas, televisión de pago o televisión convencional. Este plazo sólo es válido para películas españolas subvencionadas. El resto no están sujetas a ningún tipo de regulación y, por ejemplo, podría lanzarse al mismo tiempo en cine y en DVD. "La FECE propone que en España se estipule un mínimo de seis meses para el paso a otros soportes, un tiempo que otorgaría una mayor estabilidad y es favorable para todos", señaló Alvero, para quien "los plazos cortos dañan al cine europeo".

Las salas de cine en España, añadió Alvero, atraviesan uno de los peores momentos de su existencia, a pesar de los 1.500 millones de euros que los empresarios de este sector han invertido en los últimos cinco años.