Un viraje radical de la izquierda 'abertzale'
Un movimiento de esperanza ha recorrido España al anuncio de que ETA declaraba un alto el fuego permanente. Ha sido una reacción altamente mayoritaria y espontánea de las gentes que durante largos años han luchado contra el terrorismo etarra, saliendo a la calle con las manos blancas, condenando los crímenes que cortaron la vida de militares, guardias civiles, policías, personalidades civiles de izquierda y derecha, hombres y mujeres inocentes que pensaban haber conquistado el derecho a ser libres tras haber puesto fin a la dictadura franquista. La esperanza manifestada en estos días es pues el gesto de una ciudadanía que no ha soportado cobardemente el terror, sino que ha luchado y ha conseguido al final aislar y reducir al terrorismo con su resistencia, hasta el punto de imponerle el abandono de la violencia. Se ha impuesto el sentido cívico y ése es, al fondo, el contenido más importante del mensaje que tantas esperanzas levanta. Se trata esencialmente de una victoria de la ciudadanía y de la democracia.
Las instituciones del Estado democrático no han cesado de combatir esa plaga, sin ninguna concesión, y la solidaridad internacional -principalmente la del Estado francés- ha tenido un importante papel en este resultado.
Y si la prudencia y la cautela son de rigor teniendo en cuenta experiencias pasadas, estas prevenciones no deben desviarnos del camino a recorrer para que esta esperanza se cumpla totalmente. Ello no sólo implica exigir a ETA que cumpla sin ambages su compromiso y cese real y definitivamente violencia y extorsiones, sino que todos los agentes políticos aborden la posible negociación con el objetivo claro de lograr el fin de la violencia y la paz, que es lo que genera la esperanza constatada en la mayoría de los ciudadanos.
A la vez, la intención de no interferir este objetivo con otros temas políticos, y de no pagar "precios políticos" por la paz, no debe ocultar el hecho de que una negociación de paz es ya en sí una decisión eminentemente política. Nadie concebiría una negociación entre el Estado y una organización de delincuentes comunes; con este tipo de delincuencia no cabe otra cosa que la acción de la policía y la justicia. Cuando el Parlamento autoriza al Gobierno a negociar es porque, aun considerando el horror de los atentados criminales de ETA, se estima la existencia de un carácter político en esa delincuencia que justifica decisiones políticas excepcionales. En este caso, la acción de la policía y la justicia han dejado de ser el único instrumento de que se sirve el Estado, y por el momento la política adquiere un papel decisivo con todas las consecuencias.
Y al ocupar ese papel la política, no sólo pueden poner bastones en las ruedas los incumplimientos de ETA, sino los errores, las torpezas y la incomprensión de otros agentes políticos, ya sean partidos o medios de comunicación.
Si se adopta una vía política excepcional para lograr la paz es porque se considera esencial que no haya más muertes y extorsiones, que se restablezca un clima de paz civil, todo lo cual va a facilitar una convivencia más plena entre los ciudadanos y los pueblos del Estado español y la garantía de que todos respeten seriamente las reglas del juego democrático, es decir, que sobre ideologías y programas políticos lo que decide es el voto libre de los ciudadanos y no las imposiciones arbitrarias de uno u otro.
Pero la paz no significa el fin de la lucha y la polémica ideológica y política, ni mucho menos la eliminación de tal o cual concepción del Estado o de la sociedad, sino solamente que ese enfrentamiento tiene que plantearse por medio de la palabra, con razones e inteligencia, respetando al adversario y admitiendo incondicionalmente el fallo popular, expresado por medio del sufragio universal. Es el voto ciudadano y sólo éste el que dirime legítimamente las contiendas políticas e ideológicas. Lo que hace condenable a ETA no es que sea más o menos radicalmente nacionalista o socialista, sino única y exclusivamente que es un grupo terrorista.
El comunicado de ETA -y aún más el segundo que el primero- es un primer paso de lo que representa un viraje radical en la estrategia de la izquierda abertzale. Me atrevo a decir esto analizando las treguas anteriores, y más aún el cese de los asesinatos y otras decisiones anteriores a la proclamación del alto el fuego permanente. No puedo ponerme en la piel de los dirigentes de la organización terrorista, pero más de treinta años de ser el responsable del trabajo clandestino del PCE bajo la dictadura franquista -incluido el periodo de la guerrilla- me proporcionan una ex
-periencia sobre el funcionamiento de tal tipo de organización. Partiendo de ello, coincido en que el comunicado no da todas las seguridades, más concretamente, no asume con claridad el compromiso de respetar la voluntad popular aun cuando les sea adversa. Pero es el primer paso de una evolución difícilmente reversible. Los dirigentes que lo han redactado quizá no podían llegar más lejos en este primer paso. Una organización clandestina del tipo de ETA sólo va a completar un cambio así lentamente, paso a paso. Porque sólo así evitará desgarramientos, como el que se produjo cuando la negociación del Gobierno de UCD, con los polimilis, no pudo conseguir que se retirara de la lucha armada más que una parte de la organización, mientras el resto continuó matando. Precisamente ésta es una de las razones -y no sólo la prudencia y la cautela del Gobierno- de que la negociación pueda alargarse en el tiempo. Los dirigentes etarras que han iniciado ese movimiento, con todo lo que hayan podido pecar en el pasado -admítaseme la metáfora-, están afrontando riesgos en una organización de ese tipo que no podemos ignorar. Y aunque a algunos les parezca un sacrilegio lo que digo ahora, habrá que ayudar a esos dirigentes hasta el fin del proceso, es decir, hasta la aceptación incondicional de las reglas del juego democrático. También por eso es esencial que el Gobierno tenga toda la libertad y todo el apoyo, sin que nadie le ponga trabas para dirigir esta complicada travesía.
Pedir a ETA que se disuelva en unos días y, todavía más, que pida perdón por sus crímenes, sería totalmente irrealista. Una organización clandestina supone la existencia de un número determinado de personas y familias, que están en la ilegalidad y a las que además de convencerlas del cambio hay que ayudar a reorganizar sus vidas, a reinsertarse en la sociedad. Eso no es fácil y lleva tiempo. Y además, iniciada la negociación será inevitable crear un cierto terreno de confianza mutua, junto a todas las cautelas necesarias. En cuanto a conseguir el arrepentimiento de los crímenes, eso será un proceso que puede durar años y que dependerá de la conciencia individual. Pero, hoy por hoy, los dirigentes que han conseguido de ETA ese comunicado merecen que se exploren todas las posibilidades, pues al hacerlo se han jugado mucho y si fracasan su propia organización será la primera en condenarles.
Digo estas cosas para contribuir a mostrar al lector la otra cara de la medalla y las dificultades objetivas de esta situación, para pedir paciencia a los impacientes y sentido de responsabilidad a todos.
Si fracasa el proceso, las consecuencias las lamentaremos todos. Yo puedo comprender que alguna de las víctimas obcecada por el dolor pida que haya vencedores y vencidos. Aunque me parece que la reacción más ejemplar la tenía una de ellas en una emisión de radio, el vasco Recalde, que, pronunciando con dificultad a consecuencia de las secuelas que le dejó el grave atentado sufrido no hace mucho, proclamaba su alegría por el proceso que se abre. Otras víctimas o familiares de ellas han reaccionado de forma semejante. Ellas son las que en este momento dan pruebas de generosidad. Y a las únicas que tenemos que pedir generosidad a cambio de una solicitud y una solidaridad permanentes. El resto de la sociedad recibe con esperanza la perspectiva de paz porque la necesita y ha luchado por ella. Pero la sociedad española sabe bien, porque ha estado dividida cuarenta años entre vencedores y vencidos, que ése no es el emblema de una democracia. Si alcanzamos la paz, todos seremos beneficiarios de ella, nadie será excluido. Nadie va a negar a la izquierda abertzale la posibilidad de defender democráticamente sus ideales y su programa.
El presidente Rodríguez Zapatero ha iniciado el proceso con una intuición y una inteligencia política elogiables. Ayudémosle. Necesita la confianza y el apoyo de todos los partidos, de todos los ciudadanos.
Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, es comentarista político.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Treguas terroristas
- Opinión
- Comunicados terroristas
- Negociaciones con terroristas
- José Luis Rodríguez Zapatero
- Política nacional
- Partidos nacionalistas
- Presidencia Gobierno
- Negociaciones ETA
- Política antiterrorista
- Lucha antiterrorista
- ETA
- Proceso paz
- Partidos políticos
- Grupos terroristas
- Administración Estado
- Conflictos
- España
- Terrorismo
- Política
- Administración pública