El Gobierno de Kirchner rescinde el contrato de Aguas Argentinas, participada por Agbar

El Gobierno argentino rescindió ayer el contrato que tenía con Aguas Argentinas, cuyos principales accionistas son la francesa Suez, con un 39,9% del capital y con la que el presidente Néstor Kirchner ha mantenido duros enfrentamientos en los últimos meses, y la española Aguas de Barcelona (Agbar), empresa controlada por La Caixa, con un 25%. El motivo aducido es el peligro potencial que, según el Ejecutivo, representa el consumo del agua servida por esta empresa para 11 millones de personas en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, tras la detección en varios lugares de elevadas concentraciones de sustancias que pueden resultar perjudiciales para la salud.

El anuncio fue realizado por el ministro de Planificación Federal, y hombre muy cercano a Kirchner, Julio de Vido, flanqueado por el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Felipe Solá. "El agua potable es considerada un derecho humano", subrayó De Vido, quien informó de la creación de una empresa estatal denominada Aguas y Saneamientos Argentinos (AISA), que a partir de ahora se ocupará del suministro y gestión del alcantarillado. La nueva empresa creada por el Gobierno argentino tendrá un 90% de propiedad del Estado, mientras que el 10% estará en manos de los trabajadores mediante el denominado Programa de Propiedad Participada. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha hecho público si tiene previsto devolver la gestión de las aguas a manos privadas. De Vido señaló que "la empresa hoy es estatal y mañana ya veremos".

Acusaciones cruzadas

El Ejecutivo acusa a Aguas Argentinas de no mantener sus compromisos. "El Estado debe proteger a los habitantes tras el abuso ejercido sin descaro por Aguas Argentinas", subrayó De Vido, para quien sería una "irresponsabilidad" no rescindir el contrato.Agbar declinó comentar las acusaciones del Gobierno argentino y esperará a recibir una notificación oficial de su decisión antes de entrar en valoraciones. Lo que sí apuntó la compañía controlada por La Caixa y Suez es que la rescisión del contrato "no es una sorpresa", que espera "instrucciones" del Ejecutivo argentino para pactar su salida "de una manera ordenada y responsable" y que la rescisión "ratifica nuestra decisión de abandonar el país", informa Ariadna Trillas.

En su día, la inversión en Aguas Argentinas y la crisis de 2001 en el país tuvieron un impacto negativo en las cuentas de Agbar de cerca de 200 millones de euros. La asamblea de Aguas Argentinas había aprobado ya a finales del pasado septiembre la rescisión de contrato decidida por Suez y Agbar. La empresa se quejaba de la congelación de tarifas y acusaba al Ejecutivo de incumplir sus compromisos, mientras, el Estado advertía de que la empresa no se ocupaba del mantenimiento de la red.

Ayer, los representantes de las diferentes administraciones acusaron reiteradamente a Aguas Argentinas de incumplimiento de contrato y volvieron a rechazar las quejas por la congelación de tarifas y su transformación de dólares a pesos tras la crisis. El Ejecutivo aseguró que ha habido subida de precios en distintas ocasiones. "La crisis de 2001 afectó a todos los argentinos y a ninguno de nosotros se nos autoriza a incumplir con nuestras obligaciones", subrayó De Vido.

El ministro destacó que en numerosas zonas no se había construido el alcantarillado prometido y que no se han realizado los trabajos necesarios para evitar la contaminación de aguas destinadas al consumo. No obstante, quiso tranquilizar a los consumidores y destacó que el consumo humano de agua del grifo tanto en la capital argentina como en las poblaciones que la rodean no representa un riesgo para salud.

Al igual que Agbar, el Grupo Suez tiene presentada una demanda contra Argentina ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por valor de 1.200 millones de dólares.