El sector público y el impulso a la I+D+i

A renglón seguido de la victoria electoral de marzo de 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero consagró el aumento de la productividad como principal objetivo de la política económica. La pobre evolución de la productividad, determinante esencial del crecimiento económico per cápita a largo plazo, ha constituido el talón de Aquiles de la economía española en la última década. Aunque es indudable que la variable mencionada depende de multitud de factores, entre ellos el funcionamiento de los mercados de trabajo y de capitales o la calidad del sistema educativo, no es menos cierto que la escuálida inversión de nuestro país en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) explica una parte significativa del problema. En términos relativos, el siguiente dato es suficientemente elocuente: el gasto en I+D de la economía española en 2004 representó un 1,07% del PIB, poco más de la mitad del promedio de la UE.

Las situaciones en las que es deseable la intervención pública son claramente acotadas

Con el fin de paliar este déficit y espolear el incremento de la productividad de la mano de la inversión en innovación, el presidente del Gobierno asumió el compromiso de elevar al menos un 25% anual las partidas de gasto de I+D+i civil consignadas en los Presupuestos del Estado y presentó antes del pasado verano una panoplia de nuevas iniciativas bajo la denominación de Plan Ingenio 2010. Desde una perspectiva económica ortodoxa y moderna, las situaciones en las cuales es deseable la intervención pública, como consecuencia de la asignación ineficiente de recursos con arreglo a criterios de libre mercado, son claramente acotadas. Por esta razón, y por el importante esfuerzo presupuestario, considero necesario exponer cuáles son los motivos que justifican la actividad del sector público como impulsor de la I+D+i. Me referiré exclusivamente a la I+D+i de carácter empresarial.

En primer lugar, el elevado grado tanto de complejidad técnica como de cualificación de los recursos humanos como el no despreciable volumen de recursos financieros inherentes a los proyectos de innovación impide a un gran número de compañías, particularmente si son pequeñas y medianas empresas (pyme), plantearse este tipo de inversiones sin poner en peligro el equilibrio de su balance contable y de su cuenta de resultados. En términos agregados, la incidencia de estas "barreras invisibles" es singularmente importante en un economía como la española, cuyo tejido productivo está configurado, en una elevada proporción, por pyme.

En segundo término, el riesgo asociado a la I+D+i es, por razones obvias, en promedio, mucho mayor que el de opciones alternativas de inversión. Ello sería irrelevante si no fuera porque las relaciones entre los empresarios innovadores interesados en captar fondos y los potenciales financiadores (entidades financieras, por ejemplo) están, en la práctica, contaminadas por asimetrías de información, en el sentido de que los segundos enfrentan serias dificultades a la hora de evaluar con garantías, a un coste razonable, las posibilidades de éxito de un determinado proyecto de I+D+i. Esta ausencia de "información perfecta" desemboca, en última instancia, en un precio del endeudamiento (v.g., tipo de interés) superior al óptimo desde un punto de vista de eficiencia y, por supuesto, muy por encima del de otra clase de inversiones.

Por último, el fruto más codiciado generado por los proyectos de I+D+i es el conocimiento que contribuye a aumentar la capacidad competitiva de una compañía. El conocimiento es algo parecido a la arena de la playa que se escurre entre los dedos, en la medida en que es verdaderamente infrecuente que un empresario consiga retenerlo por completo y evite, de esta manera, que sus clientes, proveedores y, sobre todo, rivales se beneficien parcialmente de los resultados de su innovación. Algunos estudios empíricos estiman que el beneficio del conjunto de estos agentes externos alcanza casi un 50% del obtenido por el emprendedor; y es, precisamente, esta imposibilidad de apropiación total del conocimiento el fenómeno que desincentiva a algunas empresas a abordar inversiones en I+D+i y que, en términos agregados, ocasiona que el número total de proyectos innovadores sea inferior al óptimo social.

Hasta aquí se han señalado tres rasgos fuertemente idiosincrásicos de las inversiones en I+D+i que, dejando a un lado las consideraciones acerca de la preocupante evolución de la productividad española, aconsejan la instrumentación de medidas públicas orientadas a corregir los efectos de las imperfecciones microeconómicas mencionadas. En el caso de España, algunos ejemplos de acciones del Gobierno son la regulación de la propiedad intelectual por el registro de patentes, las desgravaciones fiscales por actividades de I+D+i en el Impuesto de Sociedades, así como los créditos blandos y las subvenciones que Industria concede, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a proyectos empresariales innovadores.

Maurici Lucena Betriu es director general del CDTI.