Repsol en Bolivia

En su toma de posesión, el presidente Evo Morales articuló un discurso populista cuyas dos promesas básicas eran la nacionalización de los recursos energéticos y la refundación constitucional de Bolivia. Pero, en el mismo mensaje, Morales también daba la bienvenida a la inversión privada, imprescindible para sacar al país andino de su foso económico. El conflicto judicial surgido con la compañía española Repsol no facilita para nada ese clima de invitación.

Los pasos iniciales para la anunciada reescritura constitucional ya se han dado, y las elecciones a la Asamblea Constituyente serán el 2 de julio, junto con un referéndum sobre una mayor autonomía regional en Bolivia. Pero en los casi dos meses transcurridos desde que Morales ocupara el poder sigue sin definirse el marco de la política energética de un país rico en petróleo y gas. El ministro del ramo, Andrés Soliz, es el encargado de dirigir las negociaciones con las compañías extranjeras, con la misión teórica de reconciliar la anunciada nacionalización con la promesa de Morales, reiterada durante su amistosa visita a Madrid en enero, de proteger los beneficios legítimos de los inversores internacionales.

En este contexto se está desarrollando el contencioso, iniciado en febrero, entre las autoridades bolivianas y la petrolera Repsol, con inversiones de 800 millones de euros en Bolivia y acusada por las aduanas de aquel país de sacar ilegalmente petróleo por valor de casi 8 millones de euros entre junio de 2004 y julio de 2005. El cariz de los acontecimientos forzó una visita a La Paz del presidente de Repsol la primera semana de marzo. En la entrevista entre el presidente Morales y Antonio Brufau pareció quedar clara la voluntad del Gobierno boliviano de resolver amistosamente el conflicto, y de la firma hispano-argentina para hacer frente a eventuales responsabilidades administrativas.

El registro de la sede de Repsol en la ciudad de Santa Cruz, ordenado por el juez para detener a sus dos máximos ejecutivos locales, un español y un argentino, contra los que ya se había dictado orden de arresto el mes pasado, desmiente ese supuesto clima de entendimiento. La Fiscalía ha ampliado la investigación a otro caso de presunto fraude de importación de maquinaria. España y Bolivia mantienen unas relaciones fluidas en todos los ámbitos, y esa cooperación sólo puede consolidarse en el respeto de la seguridad jurídica y la legalidad internacional. Morales ha prometido que cuenta con Repsol para el desarrollo del país y que hará lo posible para solucionar pronto el asunto. El mandatario se ha escudado argumentando que éste es un problema heredado de anteriores Gobiernos. En cualquier caso, el juego del ratón y el gato como trastienda de retóricas declaraciones amistosas sólo contribuye a la confusión. Y, en última instancia, torpedea las inversiones exteriores que los bolivianos necesitan para despegar al fin.