Villepin mantendrá el nuevo contrato juvenil pese a las protestas

Para el primer ministro francés, Dominique de Villepin, la semana que empieza hoy es la de todos los peligros. La movilización contra la ley del Contrato Primer Empleo (CPE), su medida estrella en la lucha contra el paro juvenil, puede hacerse multitudinaria. "La ley se aplicará", dijo anoche Villepin en una comparecencia en televisión, antes de anunciar una oferta de diálogo para "completar" el CPE con prestaciones por desempleo y "nuevas garantías".

El martes los estudiantes se reunirán en asambleas en las 84 universidades francesas y en un número indeterminado de institutos para lanzar dos grandes manifestaciones: una el jueves, sobre todo liderada por los jóvenes; y otra el sábado, en la que los sindicatos debieran llevar la voz cantante. Un pulso en el que un bando reclama la retirada pura y simple del CPE, mientras el otro sabe que no puede dar ningún paso atrás, so pena de tener que gobernar, durante los 17 meses que quedan hasta las elecciones presidenciales, sin poder tomar iniciativa alguna.

Villepin intenta dividir el frente opositor por dos vías: ofreciendo medidas complementarias que hagan menos duro el CPE, el contrato que, durante los dos primeros años, permite el despido libre sin justificación del trabajador de menos de 26 años. Ayer, en televisión, Villepin se mostró dispuesto a estudiar "un complemento de remuneración que se sume al subsidio de paro" para quienes sean despedidos, y anticipó que quería discutir con los sindicatos "nuevas garantías" de cara a "completar la ley". Es decir, estudiar fórmulas para que el CPE no pueda determinar la negativa a acceder a un crédito bancario o al alquiler de un piso, al tiempo que, a partir de los seis meses trabajados, ya se tenga derecho al subsidio de paro.

Preocupación en la derecha

Por otra parte, Villepin procura desautorizar el movimiento de protesta presentándolo como incontrolable e infiltrado por gamberros. De ahí la insistencia en las imágenes de la Sorbona recién liberada por los policías: el énfasis se pone en los libros rotos o quemados, en el mobiliario destruido y en los ordenadores lanzados por la ventana.

El rector de dicha universidad ha dicho que los desperfectos son de tal importancia que el centro deberá permanecer cerrado toda la semana -precisamente, la de las manifestaciones- para que puedan repararse todos los daños. Mientras, los rectores de las universidades de Nantes, Toulouse y Nanterre, han escrito a Villepin para pedirle la retirada del CPE.

Además, las familias de la derecha empiezan a contemplar que sus guerras internas por la sucesión de Chirac, y las discrepancias entre la facciones de Sarkozy y las que apoyan a Villepin pueden hundirla en su conjunto.

Los socialistas han levantado la voz. El primer secretario del partido, François Hollande, reclama a Villepin que "negocie" y no de "muestras de cabezonería". La ex-ministra Martine Aubry, que desempeñó las carteras de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1997 y 2002, afirma que "el problema radica en que Villepin no sabe escuchar y, por consiguiente, es incapaz de recapacitar".

Otros dirigentes, como Dominique Strauss-Kahn o Laurent Fabius también han denunciado el CPE, pero la actitud global de los socialistas es de prudencia; la de respaldar el movimiento sin pretender dirigirlo ni capitalizarlo de inmediato, algo que además está fuera de su alcance debido a la crisis de programa y liderazgo que atraviesa la principal formación de la oposición.

El problema para Villepin es haber lanzado el CPE sin una concertación previa con su propio equipo gubernamental y no haberlo discutido en profundidad con los sindicatos y la patronal. El CPE aparece como una criatura hija de su ambición personal, su deseo de triunfar como reformador allí donde otros -Chirac, Balladur, Juppé- han fracasado. Ahora, sus ofertas de moderación llegan tarde y son vistas menos como un complemento y perfeccionamiento que como una confesión de debilidad.