Los municipios tratan de preservar Collserola mediante acuerdos con los constructores

Los nueve ayuntamientos que rodean la sierra de Collserola tratan de preservarla del acoso urbanístico mediante intercambios de suelo con los constructores que tienen terrenos en el entorno y pretenden edificar al amparo del plan metropolitano de 1976, que usa manga ancha con los promotores inmobiliarios. El hambre urbanística queda patente en una zona donde existe una docena de proyectos de construcción de equipamientos y viviendas amparados en la normativa. El sector sur de la sierra que linda con Barcelona es donde este pulmón verde recibe más dentelladas.

Las constructoras tratan de aprovechar las zonas vírgenes entre las áeras urbana y forestal

Los ayuntamientos intentan que los promotores no edifiquen en los límites de la sierra

Dice el refrán que a grandes males, grandes remedios. La sierra de Collserola padece graves trastornos: la herencia de un crecimiento desordenado y la especulación urbanística, que aún hoy asedia los límites del parque forestal. Pero los remedios son más bien escasos. Los nueve municipios que comparten este pulmón verde de más de 8.000 hectáreas lamentan que pueden hacer poco frente a las pretensiones del sector del ladrillo, que tiene a su favor la biblia urbanística de la conurbación de Barcelona: el Plan General Metropolitano (PGM). Este documento, aprobado en 1976, regula los usos del suelo y emplea manga ancha con los promotores inmobiliarios.

Los mordiscos urbanísticos al parque no cesan. Actualmente, hay una docena de proyectos en marcha entre promociones de viviendas, equipamientos y áreas residenciales. Barcelona, en el flanco sur, es la que propina las dentelladas más hirientes a este pulmón verde. A medida que el suelo de la ciudad se agota, las constructoras se afanan en aprovechar al máximo los terrenos aún libres entre la zona urbana y el área forestal. Uno de estos huecos es Torre Vilana, situada encima de la Ronda de Dalt, cerca del cementerio de Sant Gervasi. Allí, la empresa Núñez y Navarro ha construido 21 casas unifamiliares de ensueño. Cada una tiene cuatro o cinco baños, jardín privado y hasta una bodega. No son las únicas viviendas. La empresa ultima ahora una nueva promoción, de 130 pisos de lujo, a los pies de la torre de Collserola y del observatorio Fabra.

El Ayuntamiento de Barcelona cita Torre Vilana como ejemplo de lo maniatados que se sienten los municipios para evitar operaciones especulativas. A principios de los ochenta, una sentencia del Tribunal Supremo reconocía el derecho de los antiguos propietarios a edificar en estos terrenos. El proyecto inicial era más ambicioso: preveía la construcción de 300 viviendas unifamiliares. "Una auténtica barbaridad", asegura Ricard Fayos, director técnico de Urbanismo de Barcelona. Tras años de duras negociaciones, el Ayuntamiento y Núñez y Navarro pactaron que se edificasen 150 viviendas, la mitad de lo previsto. El resto serán equipamientos -el Instituto Oftalmológico, entre ellos- y terreno no edificable que ha quedado en manos municipales.

Pero nada sale gratis. A cambio de liberar parte de Torre Vilana, el consistorio ofreció una permuta de terrenos cerca de la Ronda de Dalt, en un área que ya no resultaba dañina para el parque de Collserola. Otro intento de asalto se produjo detrás del parque del Castell de l'Oreneta, en Sarrià. Allí se planeó construir la nueva sede de la clínica Quirón. A cambio de preservar una zona que, según los expertos, tiene un alto interés medioambiental, el Ayuntamiento ofreció a los propietarios la posibilidad de instalarse en unos terrenos de propiedad municipal en la plaza de Alfons Comín, cosa que finalmente aceptaron.

Este tipo de intercambios son una de las pocas soluciones que tienen los ayuntamientos para salvaguardar, aunque sólo sea parcialmente, los terrenos aún vírgenes que rodean Collserola. Unos espacios que, según los expertos en ecología, son muy valiosos porque facilitan la conexión de la sierra con otros sistemas naturales, como las sierras de Marina, el Ordal y Sant Llorenç del Munt. Gracias a estas negociaciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido recalificar 57.000 metros cuadrados de zona urbanizable como zona forestal en los últimos años.

Algo similar, aunque en menor proporción, ha ocurrido en Sant Just Desvern. Para salvar el valle de Sant Just, urbanizable según el PGM, el Ayuntamiento ha cedido a los promotores terreno en el núcleo urbano. Con esta permuta se han salvado unos espacios que según el alcalde de Sant Just, el socialista Josep Perpinyà, "se ubican dentro del parque forestal, en un área calificada de interés natural". El municipio no está libre del hambre urbanística: ahora se ultima el nuevo barrio de Mas Lluí, que significará entre 1.048 y 1.400 viviendas en una zona próxima a la masa forestal de Collserola.

Sant Cugat también opta por el pactismo para proteger las zonas lindantes con el parque. "La solución que normalmente proponemos es que se urbanice el 20% del suelo y que el resto pase a ser forestal, de propiedad pública", explica la teniente de alcalde de Territorio, Mercè Conesa. Pero ésta es una solución que no contenta a todos. Por ejemplo, la construcción de unas 60 casas unifamiliares en Can Busquets, en La Floresta, está paralizada. El proyecto está pendiente de un informe de impacto ambiental que el Departamento de Medio Ambiente aún no ha elaborado. En el caso de Can Montmany, en la frontera entre Valldoreix y Collserola, el Ayuntamiento ha logrado la propiedad de esta finca a cambio de unos terrenos edificables.

En el pequeño municipio de El Papiol ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. "En la zona límite del parque había tres lotes de suelo urbanizable programado", dice el concejal de Urbanismo, Joan Borràs. Uno de ellos, formado por campos y viñas, se ha conseguido trasladar unos 500 metros hacia la población, mediante una permuta de terrenos. En otro de estos lotes, nada impedirá que los legítimos propietarios construyan.

Pero no todas las historias tienen un final más o menos feliz, en el que el maridaje entre Administración y el sector privado satisface a ambas partes. Otros episodios acaban en los tribunales. Esto ocurre cuando los municipios tratan de alterar los usos del suelo previstos por el Plan General Metropolitano; es decir, cuando pretenden que un terreno catalogado como urbanizable pase a ser considerado no urbanizable.Recalificar terrenos es arriesgado, ya que choca con los derechos adquiridos por los propietarios. Los ayuntamientos pueden evitar riesgos a golpe de talonario: indemnizar con cantidades astronómicas a los dueños. Pero esta práctica haría tambalear las arcas de todos los municipios, hasta de los más fuertes. "Es mejor tratar de negociar que indemnizar", declara el director técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Fayos.

A los tribunales ha llegado el caso de Torre Negra, una zona entre el casco urbano y el parque, formada por bosques y terrenos agrícolas, bandera de reivindicaciones ecologistas. Hace una década, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès recalificó los terrenos, que dejaron de ser urbanizables. Los dueños, entre ellos Núñez y Navarro, llevaron al consistorio a juicio y el asunto no se ha resuelto.

En Molins de Rei ha ocurrido un caso similar en El Terral y en las inmediaciones de la riera de Vallvidrera, dos zonas calificadas con suelo "urbanizable no programado" e "industrial".En otros casos, los municipios consideran que una operación cerca de la sierra es beneficiosa y, por tanto, no se oponen a ella. Es el caso de Esplugues de Llobregat, donde la polémica llegó de la mano del plan Caufec. El grupo Sacresa construirá, en el barrio de Finestrelles, 709 viviendas y 2 torres de oficinas. Más abajo, en el sector de Sant Llorenç, el plan prevé levantar un hotel y un área comercial y de ocio. Los grupos ecologistas creen que el proyecto es dañino para la sierra y han llevado el caso a los tribunales.

Empleos y zona verde

Todo lo contrario opina la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Esplugues, Pilar Díaz. "El plan supondrá crear puestos de trabajo y 125 viviendas de promoción pública; además, 20 de las 40 hectáreas serán área verde", justifica Díaz.En Cerdanyola del Vallès se ubicará un nuevo ensanche, el llamado Centro Direccional. Acogerá la ampliación del Parque Tecnológico del Vallès (con el moderno sincrotrón) y un nuevo barrio con 3.300 viviendas, de las que 1.200 serán protegidas. El equipo de gobierno municipal (encabezado por Iniciativa Verds) ha reducido más del 30% el proyecto inicial, que preveía la creación de más de 5.000 viviendas, que ahogaba la salida de la fauna y la flora y que, a la postre, acabó costando la alcaldía al Partit dels Socialistes. "Prácticamente, constituía un continuo urbano con Sant Cugat", se lamenta el concejal de Urbanismo de Cerdanyola, Rafael Bellido. El proyecto definitivo, por el contrario, prevé reservar un corredor biológico de un kilómetro de ancho. "La idea es disponer de un espacio natural suficiente", asegura Bellido.

La Generalitat trabaja en la redacción de un nuevo plan metropolitano que jubilará el vigente. "Definirá las áreas que son urbanizables, las que no, y las que requieren protección especial", explica el secretario de planificación territorial, Oriol Nel.lo. El objetivo es hacer compatible la protección de Collserola con el crecimiento urbanístico en el área metropolitana. Eso sí, el Plan Territorial desechará el modelo de la caseta i l'hortet (o, si se prefiere, de la casa unifamiliar con jardín y piscina) por otro más compacto: bloques de pisos y más terreno libre.