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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

A prueba de bombas

El escaso seguimiento -inapreciable donde no hubo coacciones directas- de la jornada de huelga general convocada por la izquierda abertzale en protesta por el fallecimiento en la cárcel de dos presos de ETA -uno por suicidio y otro por un infarto- es un dato indicativo de la pérdida de apoyos sociales por parte de la banda. Las bombas

con aviso previo que ETA hizo estallar como prólogo de la jornada reflejan su resistencia a desaparecer, pero no desmienten esa debilidad de fondo; al revés, subrayan su incapacidad para incidir en la situación política por cualquier vía distinta a la del anuncio de su retirada. La citación como imputados por el juez Grande-Marlaska de los convocantes de la jornada de huelga, entre ellos Otegi, para que respondan de los actos violentos ocurridos durante el día es un aviso de que el Estado de derecho no hace excepciones en la aplicación de la ley.

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Falta un año para la convocatoria de las elecciones municipales, y los de Otegi saben que su presencia en ellas depende de que sean capaces de convencer a ETA para que anuncie ya su retirada, y de que ellos mismos demuestren su disposición a defender sus ideas sin la muleta de la coacción. Pero cada día aparecen nuevas razones para pensar que Batasuna es incapaz de hacer cualquiera de las dos cosas. El sábado pasado se publicaba el comunicado de ETA en el que culpaba de la muerte de los dos presos a la "política de dispersión y exterminio", arremetía contra la Ertzaintza y llamaba a movilizarse contra la política penitenciaria. Un día después, Otegi convocaba la huelga general. Esa obediencia, a sabiendas de que la huelga no podía sino ser un fracaso, es indicativa de las inercias que siguen condicionando al brazo político.

¿Dónde queda el propósito enunciado en Anoeta de "sacar el conflicto de las calles"? La campaña de bombas contra empresarios se ha visto completada por una nueva oleada de cartas que incluyen fotos y datos sobre familiares de los extorsionados. Batasuna no dice nada sobre esa práctica mafiosa, y tampoco sobre las bombas de ayer. Los pretextos con que ha justificado el recrudecimiento de la violencia callejera y la convocatoria de huelga -"los muertos los pone la izquierda abertzale"- recuerdan a los utilizados para justificar las contramanifestaciones de acoso frente a quienes protestaban por los secuestros: "También Euskal Herria está secuestrada por España y Francia".

Es posible que Batasuna sueñe con recobrar la legalidad sin renunciar del todo a su asociación con una ETA mafiosa ni a la práctica de la coacción social. Conviene por ello evitar cualquier ambigüedad: el Estado de derecho no está en suspenso; y no cabe ninguna legitimación política de la violencia. Esa responsabilidad compete muy especialmente al nacionalismo vasco: ¿qué sentido tiene que Joseba Egibar dijera ayer que las muertes de los dos presos son "consecuencia de la política penitenciaria", y que cuestionara la actuación de la Ertzaintza en los homenajes ulteriores?

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