La Ertzaintza confirma que un inquilino del piso incendiado murió dos días antes

La Ertzaintza confirmó ayer que uno de las cuatro personas halladas muertas tras el incendio de una pensión el pasado sábado en Bilbao había fallecido por causas naturales dos días antes. Las pesquisas de la policía vasca no han comprobado ningún hecho anormal ni relación con el siniestro en la muerte de José S. S., de 72 años, la única de las víctimas que no residía en la pensión, que albergaba a personas en situación de exclusión social.

Tanto la Ertzaintza como los Bomberos prosiguen las investigaciones del suceso, descartada ya la posibilidad de un incendio provocado. "De momento no hay novedades", señaló ayer un portavoz policial.

También continúa el debate sobre las pensiones ilegales abierto por el siniestro. El PSE bilbaíno instó ayer al equipo de gobierno municipal a descubrir en "un plazo breve" los pisos subarrendados que funcionan de manera irregular y los casos de "trato vejatorio" a sus inquilinos, en especial inmigrantes y personas en situación de exclusión.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Oleaga, censuró las declaraciones del alcalde, Iñaki Azkuna, sobre la imposibilidad de actuar contra estos arrendamientos. "Es absolutamente incomprensible que a estas alturas se nos diga que no tiene otra forma de detectarlo, que no hay medios legales para combatirlo o que son los vecinos los responsables", dijo.

"Es inaceptable"

Oleaga reprochó que se traslade la responsabilidad a los vecinos y que la única respuesta del consistorio a las denuncias de hacinamiento y mafias sea "que acudan a los tribunales". "Es inaceptable en una ciudad como Bilbao", apostilló. El representante socialista apostó por lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ofrecerles "maneras e instrumentos legales" contra estas prácticas "y acabar con el tráfico inhumano" de personas en los barrios más deprimidos de Bilbao.

A su juicio, deben actuar tanto el Ayuntamiento -encargado de otorgar las licencias de apertura de locales- como el Gobierno, que verifica que el negocio se dedique a lo solicitado. "No tiene sentido que no haya prácticamente nadie que se haga responsable de la vigilancia de estos locales". Oleaga reclamó una mayor intervención de la Policía Municipal para que detenga a los dueños de estos pisos, que, según los datos aportados por el propio alcalde, llegan a ganar más de 4.000 euros con estos alquileres.