La justicia tardó un mes en investigar un supuesto maltrato a la niña de Barcelona

La justicia, según fuentes cercanas al caso, tardó más de un mes en ordenar a la policía que investigase el parte médico remitido por un hospital en el que se advertía que podría haber sido maltratada la niña de cinco años que desde hace unos días se encuentra en estado muy grave como consecuencia de otras supuestas agresiones físicas. La madre de la pequeña, Ana María C. F., de 36, quedó anoche en libertad con cargos (asesinato en grado de tentativa), mientras que su nuevo compañero, Francisco Javier P. E, de 32, ingresó en prisión por el mismo cargo. La policía también conocía desde hacía un mes el relato de la ex esposa de Francisco Javier en el que se explicaba que la pequeña era maltratada por éste.

Un portavoz del hospital del Vall d'Hebron informó ayer de que el pronóstico de la niña es muy grave y que continúa estable. En ese mismo centro ingresó la pequeña el pasado 18 de diciembre, acompañada por su madre biológica, Ana María C. F., y el actual compañero sentimental de ésta, Francisco Javier P. E. Los médicos le diagnosticaron entonces fractura de húmero derecho y equimosis múltiple. Los análisis calificaron de grave el pronóstico de la niña y precisaron en su informe que era compatible con la posibilidad de que la pequeña hubiese sido maltratada.

Los médicos, atendiendo la declaración de la madre, explicaron en su informe que las lesiones de la niña se habían producido mientras pasaba el fin de semana con su padre biológico, del que estaba separado, en la localidad de Ontiñena (Huesca), donde reside el hombre.

El pasado 24 de diciembre se encontraba de guardia de incidencias en Barcelona el Juzgado de Instrucción número 4, que fue el que recibió el parte médico del hospital del Vall d'Hebron y abrió las diligencias previas número 5473/05.

Fuentes judiciales explicaron que, en el escrito en el que se acordaba la apertura de diligencias, el magistrado ya ordenó a la policía que investigara los hechos. Sin embargo, fuentes policiales explicaron que la policía no recibió el oficio del juzgado ordenando la investigación hasta el 25 de enero. El escrito fue remitido a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Montcada i Reixac, localidad situada a unos 30 kilómetros de Barcelona en la que reside actualmente la niña con su madre y su nuevo compañero sentimental.

Fuentes policiales explicaron también que el 2 de febrero, la policía tomó declaración a la madre de la niña, quien insistió en que las lesiones de la pequeña se produjeron cuando estaba con su padre de fin de semana. Las mismas fuentes explicaron que, en el transcurso de esa misma declaración la madre llegó a insinuar que el padre había abusado sexualmente de la menor. El policía que le tomaba declaración se mostró sorprendido por lo que estaba oyendo y animó a la madre a presentar denuncia por los hechos que, al parecer, fueron relatados sin demasiada convicción.

La policía de Montcada i Reixac también tomó declaración, dos días después, a la asistente social de los servicios municipales a la que había correspondido el caso de la familia. Finalmente, los investigadores se refirieron a un informe en el que explicaban que se trataba de un asunto muy confuso y que existían declaraciones contradictorias. El 6 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, el mismo que había ordenado investigar los hechos con tanta celeridad, decidió inhibirse a favor del juez de Fraga, al considerar que no eran de su competencia porque, dando credibilidad a la versión de la madre, los supuestos malos tratos a la niña se habían producido en aquella ciudad aragonesa.

Búsqueda y captura

Las mismas fuentes judiciales explicaron que el juzgado de Fraga no pudo localizar al padre biológico de la niña para tomarle declaración y que, ante ello, se le puso en búsqueda y captura.

Al mismo tiempo que se investigaba este caso, se entrecruzó otro proceso judicial a partir de la denuncia presentada por Montserrat, la ex esposa del detenido. Ambos ex cónyuges mantienen desde hace años varios litigios judiciales a consecuencia de la custodia de una niña, el impago de pensiones, el incumplimiento del régimen de visitas y otras circunstancias derivadas de una tensa relación.

En una de estas denuncias, Pérez Espinosa acusó a su ex esposa de haberle robado en el domicilio. Cuando la policía tomó declaración a la mujer denunciada ésta explicó al final que su hija, cuando pasaba los fines de semana con su padre, le había relatado que éste ataba las manos de la pequeña A. C., le daba agua con una jeringuilla, le hacía comerse su propio vómito y la ataba a una silla.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola archivó el caso por el supuesto hurto.