Un paso más

El proyecto estatutario catalán superó ayer una nueva fase, la de la ponencia parlamentaria, y pasará esta semana a la Comisión Constitucional. En el preámbulo figura el término "nación": sus partidarios logran su anhelo. Pero lo hace con carácter descriptivo y fuera del articulado, sin valor normativo: sus críticos también lo logran. Es una metáfora del texto, un texto sensato que, sin entusiasmar a ninguna de las partes, ejerce de cauce transitable para todas ellas.

El nuevo texto queda lejos del maximalismo alumbrado en el Parlamento catalán, pero desborda el inmovilismo competencial y permite una amplia profundización autonómica. Con las modificaciones han desaparecido el automatismo que obligaba a reformar leyes orgánicas, el uso sistemático del artículo 150.2 de la Constitución y, en general, el exceso de bilateralismo del original. Pero al tiempo se refuerzan las competencias de forma que se impide la frecuente invasión por la Administración central de las materias autonómicas.

La fórmula de financiación, de nueva planta, afirma la multilateralidad del sistema y la responsabilidad del Estado en la solidaridad interterritorial, pero abre margen para una mayor corresponsabilidad fiscal y suficiencia financiera de la Generalitat, subrayada por la dotación equilibrada de infraestructuras para Cataluña en los próximos siete años. Este compromiso de inversiones apenas supera el coste de la nueva terminal de Barajas y responde a una debilidad de inversiones del Estado histórica. Quedan por resolver algunas cuestiones importantes, pero por lo general todos los partidos que suscriben el acuerdo lo reputan de "satisfactorio". La gestión del aeropuerto de Barcelona, en la que se juega una infraestructura de gran valor económico y estratégico, es el más sustancioso de estos puntos pendientes.

Del texto reformado han desaparecido los contenidos más discutibles y las aristas más polémicas, algo que se ha traducido en la oposición de Esquerra Republicana. No se entiende cómo el PP sigue atacando el texto como si se tratara exactamente del que salió del Parlamento catalán el 30 de septiembre. El sistema de financiación, por ejemplo, apenas difiere del que planteó en su día el líder popular catalán Josep Piqué, y es muy similar al modelo patrocinado por sus colegas baleares. Los populares siguen en su cruzada de firmas contra el Estatuto, como si la unidad de España estuviese en peligro. Esta severa profecía casa mal con la predisposición de algunas autonomías gobernadas por el PP a sumarse a las fórmulas anatematizadas. Un anticipo afloró la semana pasada, cuando trascendió que todas ellas van a acogerse a la fórmula del Gobierno para paliar el déficit sanitario que habían rechazado en septiembre en el Consejo de Política Fiscal.