La ponencia rebaja el Estatuto catalán para darle encaje constitucional

La reforma del Estatuto catalán superó ayer el trámite de ponencia en el Congreso de los Diputados con la aprobación del Preámbulo, que contó con el voto favorable de los socialistas, los nacionalistas de CiU e Izquierda Verde-ICV. Aunque el PP se apresuró a calificar como inconstitucional todo el proyecto, los grupos que lo apoyan destacaron precisamente que la labor de la ponencia ha consistido en encajarlo plenamente dentro de la Constitución. Todos los grupos reconocen que el texto adoptado representa una fuerte mejora del autogobierno. Sólo discrepan ERC y PP, por motivos diferentes.

Tras su paso por la ponencia, el proyecto será debatido a partir del jueves por la Comisión Constitucional del Congreso. El trámite en ponencia era el más delicado para todos, pues era el que mejor permitía negociar los cambios exigidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: estricto encaje con la Constitución y el "interés general".

El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, dio por cumplida su misión al asegurar, enfáticamente, que el proyecto "preserva la solidaridad de Cataluña con el resto de España". Por el lado de CiU, su presidente, Artur Mas, destacaba en cambio que "por vez primera, una ley aprobada por las Cortes españolas reconocerá que Cataluña es una nación". Sin este reconocimiento, apuntó, "CiU no hubiera podido votar a favor" del proyecto.

A partir de ahora, las modificaciones se reducirán a las que resulten de las negociaciones en curso sobre los desacuerdos que persisten. Sobre todo, en el más destacado, el traspaso a la Generalitat de la gestión del aeropuerto de Barcelona.

El texto que llega a la Comisión fue valorado como "un buen Estatuto" por el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, y como "una mejora del autogobierno plenamente constitucional" por López Garrido.

En esa opinión abundó el ecosocialista Joan Herrera, de Iniciativa Verds (ICV). En cambio, el líder ERC, Josep Lluís Carod, afirmó que "la presión del PP ha logrado desdibujar y rebajar" el proyecto inicial. Y eso a pesar de que el ponente del PP, Federico Trillo, aseguró nada más terminar la sesión que el proyecto "entró inconstitucional en la ponencia y sale inconstitucional".

El "grueso maquillaje" que se le ha aplicado, como según Trillo cabe calificar el laborioso ajuste del texto a la Constitución, no puede corregir el vicio de origen, esa "concepción nacional-constituyente" que lo impregna.

Los republicanos, sin embargo, no dan por perdidas todas las posibilidades. La Ejecutiva del partido ratificó por la tarde el rechazo "salvo que se resuelvan bien las competencias pendientes" y algún aspecto de la financiación. Si así fuera, "Esquerra puede moverse del no en que está actualmente hacia la abstención" dijo Carod.

A las negociaciones sobre el aeropuerto de Barcelona están entregados completamente los socios de ERC en el Gobierno catalán. Y el PSC con redoblado interés. Porque se trata de un punto clave en el título de las competencias y porque de ello depende en buena medida la viabilidad del actual Gobierno de la Generalitat. Uno de estos aliados, Joan Saura, presidente de ICV, advirtió en Barcelona ayer mismo que sin un acuerdo en este punto, su partido no apoyará el Título de las competencias.

La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, se declaró "entristecida" porque ERC "esté pensando más en su competencia con CiU que en aprobar el mejor Estatuto de nuestra historia". De Madre advirtió directamente a ERC que "al minusvalorar" el contenido del nuevo Estatuto "está poniendo muy difícil justificar que puede seguir gobernando con sus coautores".