El Congreso desmonta las principales sugerencias del 'comité de sabios' de RTVE

El proyecto de ley de reforma de RTVE ha superado su primer trámite en el Congreso y ahora inicia el camino en el Senado. A su paso por la Cámara baja, los grupos parlamentarios han desmontado algunas de las principales recomendaciones recogidas en el dictamen del comité de sabios; entre ellas, la composición del Consejo de Administración de RTVE, el sistema de elección del director general, el diseño territorial, la producción audiovisual y los límites publicitarios. El PSOE asegura que se conserva "el espíritu" del informe elaborado por el consejo de expertos y que se ha "mejorado" la ley.

El Gobierno se comprometió en septiembre de 2004 a transformar en proyecto de ley el dictamen que el grupo de expertos encabezado por el filósofo Emilio Lledó elaboró durante nueve meses para la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que el informe sería "un paso fundamental" hacia un nuevo modelo audiovisual. Pero a su paso por el Congreso de los Diputados, el texto remitido por el Ejecutivo ha experimentado profundas transformaciones. "La ley ha sido ampliamente mejorada por los grupos parlamentarios", argumenta el diputado socialista y portavoz de la Comisión de Control de RTVE, Óscar López.

Una de las principales modificaciones afecta al sistema de nombramiento del director general. El comité de sabios dejaba la designación en manos del Consejo de Administración de RTVE. Sería elegido tras un concurso público entre distintos aspirantes de reconocido prestigio en el sector audiovisual, previo informe del Consejo Audiovisual (la autoridad reguladora del sector, cuya creación está pendiente). Debería contar con el respaldo de dos tercios de los consejeros. Su mandato sería de cinco años. La fórmula propuesta se asemejaba a la utilizada por la cadena pública británica BBC y su objetivo era despolitizar la figura del director general, que desde el Estatuto de 1980 es nombrado por el Gobierno.

Sin embargo, el proyecto de ley aprobado inicialmente en la Comisión Constitucional del Congreso otorga a la cámara Baja la función de nombrar al director general. El candidato tendrá que ser, forzosamente, uno de los 12 miembros del Consejo de Administración de RTVE. Deberá lograr el respaldo de dos tercios de los diputados. Además, también será presidente de la Corporación RTVE y del consejo. Su mandato será de seis años.

Tanto en sus competencias (que se recortan) como en su composición, el Consejo de Administración ha dado un vuelco en el Congreso. Los sabios proponían un organismo de ocho miembros: dos nombrados por el Congreso y dos por el Senado (por mayoría de dos tercios en ambos casos); dos por los sindicatos más representativos de RTVE y dos por el Consejo Audiovisual. El mandato sería de seis años y se renovaría la mitad de los miembros cada tres años.

No obstante, los grupos parlamentarios han pactado un consejo de 12 miembros: ocho designados por el Congreso (dos de ellos, a propuesta de "los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación RTVE y sus sociedades") y cuatro por el Senado. Todos los candidatos deben obtener el respaldo de una mayoría de dos tercios. Con esta ampliación del número de consejeros, grupos minoritarios como CiU e IU aspiran a tener representación.

Tampoco se ha respetado el criterio de los sabios sobre la publicidad en la televisión estatal. El dictamen apostaba por una reducción en el volumen de anuncios en TVE, que se vería compensada con una mayor subvención. Además, se recortaba el tope máximo de los 12 minutos de anuncios por hora actual a nueve. Esta restricción se aplicaría de forma gradual durante cuatro años. Los grupos políticos han pactado que la reducción publicitaria sea "cualitativa" y afecte a determinados programas (infantiles o películas españolas, que se emitirían sin cortes).

El texto aprobado en el Congreso altera también la estructura empresarial de RTVE diseñada por los sabios. Éstos apostaban por un modelo de cuatro sociedades: las actuales TVE y RNE y dos de nueva creación (Comercialización y Publicidad y Digital y Multimedia). El proyecto de ley se queda sólo con las dos primeras, aunque CiU defendió la creación de una tercera encargada de la producción de programas y de noticias.

En el terreno de la financiación se respeta la propuesta de que las Cortes elaboren un plan de nueve años en el que se detallen los objetivos que ha de cumplir RTVE. Dicho plan se revisará cada tres años a través de un contrato programa que suscribirán el Gobierno y el grupo de comunicación y en el que se fijará el dinero público que necesita. Los sabios arriesgaban a la hora de delimitar la subvención (en torno al 45% del presupuesto), mientras que la ley sólo dice que cubrirá "la prestación del servicio público de radio y televisión".