Economía abierta, pero no tanto

La economía alemana, una de las más abiertas del mundo, conoce algunos casos de intervención del Estado en defensa de presuntos intereses nacionales. El profesor Axel Werwatz, del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) de Berlín, lo resume en una sola frase: "Los alemanes tampoco son los sumos sacerdotes del mercado libre".

La OPA de E.ON por la española Endesa ha sacado a relucir que el gigante de la energía alemán también está protegido por el Estado de caer en las garras de un comprador poco grato. Sobre el decreto ministerial que autorizó el año 2002 la compra de Ruhrgas por E.ON flotó el tufo del tráfico de influencias. Werner Müller, entonces ministro federal de Economía del Gobierno de coalición del SPD-Los Verdes, lo impuso en contra de la opinión de los organismos encargados de la lucha contra el monopolio en Alemania.

La OPA sobre Endesa ha revelado que E.ON está protegida por el Gobierno de caer en las garras de un comprador poco grato

Müller cobraba, además de sus haberes como ministro, 8.000 euros mensuales de jubilación por haber servido a una empresa precursora de E.ON. Tras dejar el ministerio, Müller volvió a dirigir otra empresa del grupo. El decreto que permitió la compra de Ruhrgas impone a E.ON la condición de que "antes de la venta de una mayoría del capital o de los votos en Ruhrgas a una tercera empresa, se requiere el consentimiento del Ministerio Federal de Economía y Tecnología". Ese consentimiento puede denegarse cuando el aspirante a comprador ofrezca "un motivo fundado para la preocupación de que se dañarán los intereses de la política energética de la República Federal de Alemania". El Ministerio Federal de Economía tiene un mes para ejercer ese veto.

Las empresas alemanas relacionadas con el armamento tampoco pueden caer en manos extranjeras si el Gobierno alemán no quiere. La ley de Comercio Exterior concede al Gobierno federal un derecho de veto cuando una empresa extranjera quiera comprar más del 25% de una empresa de armamento. Dispone el Gobierno de un plazo de un mes para vetar la compra, "en tanto sea necesario para asegurar intereses esenciales de seguridad de la República Federal de Alemania".

El caso más escandaloso que ocupa desde hace años a los tribunales europeos de la competencia, es el de Volkswagen. La propiedad de esta empresa, una de las joyas de la abuela, se rige por una ley que data del año 1960. Establece esta ley que ningún accionista de VW podrá disponer de más de un 20% de votos en la junta general de accionistas, con independencia de que su participación en la propiedad supere ese porcentaje. Con esta y otras normas se trata de evitar que VW sea víctima de una OPA hostil. Las autoridades europeas en Bruselas consideran que esta llamada ley VW contradice el derecho comunitario y por este motivo han acusado a Alemania ante el Tribunal Europeo.

Al margen de estas posibilidades de intervención del Estado, la economía alemana puede considerarse muy abierta. Las empresas parecen regirse por el lema "tragar y ser tragados". El emirato de Kuwait posee algo más de un 7% de DaimlerChrysler, otra de las grandes empresas, y en ella acaba de entrar Dubai con un 2%. Electricité de France, en entredicho estos días por las recientes fusiones, posee un 45% de Energie Baden-Wurtemberg, el cuarto proveedor de electricidad de Alemania.

En contra de su voluntad, el Gobierno alemán tuvo que contemplar cómo la telefónica británica Vodafone compraba Manesmann en febrero de 2000. El año 2004, la empresa farmacéutica francesa Sanofi compró la franco-alemana Aventis, que era más del doble de grande, y en la que trabajaban 8.000 asalariados del antiguo gigante alemán de la química Hoechst. El Gobierno alemán siguió con impotencia la operación. El entonces jefe del grupo parlamentario socialdemócrata y hoy vicecanciller y mini