Europa blinda sus empresas nacionales

La paradoja más sorprendente de la reñida batalla que han iniciado la alemana E.ON para adquirir Endesa, y Gaz de France para tomar Suez, es que el resultado de estas fusiones no redundaría en una mejora de la competencia, debido a la inexistencia de un mercado energético a escala europea, según reconocen los responsables de energía comunitarios. En el caso de E.ON y Endesa, la ausencia de interconexiones entre España y Alemania hace aún más difícil justificar las hipotéticas mejoras que acarrearía la fusión para los consumidores españoles y alemanes, según fuentes comunitarias.

Para el comisario de Energía, Andris Piebalgs, "la inexistencia de un mercado de energía a escala europea es consecuencia de la falta de conexiones suficientes, escasa liquidez en el mercado del gas y deficiente aplicación de las directivas comunitarias". "Lo que en realidad existe en Europa son 25 minimercados de energía", señalaba la semana pasada el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. "Con este escenario del sector energético", señala una fuente comunitaria, "la concentración de empresas no supone ninguna mejora de la competencia".

La concentración de empresas en el sector energético no supone ninguna mejora de la competencia, dicen en la sede comunitaria

La oposición a estas operaciones de concentración en el sector energético se ha confundido con el auge del proteccionismo/nacionalismo detectado en otros sectores económicos, como el que se registró el año pasado en Italia con las trabas puestas al español BBVA para la compra del BNL y al holandés ABN Amro para la adquisición del Antonveneta. El ardor proteccionista cobró nuevos bríos a principios de este año con ocasión de la OPA lanzada por el grupo anglo-indio Mittal sobre Arcelor, que desató acciones de defensa especialmente significativas por parte de Luxemburgo, propietario del 5,6% del grupo siderúrgico europeo, y de Francia.

Pero ha sido precisamente el Gobierno de París, mediante un decreto que dificulta la entrada en 11 sectores que considera estratégicos y su propuesta de utilizar la Caja de Depósitos y Consignaciones como escudo protector de sus grandes empresas, el que ha desatado mayores recelos.

Sin embargo, las características especiales del sector energético, que muchos analistas comparan con el de defensa, exige un trato diferenciado del resto de sectores económicos. La extraordinariamente compleja regulación de las tarifas y, sobre todo, la necesidad de asegurar los suministros, implican que la introducción de la competencia sea muy diferenciada.

Por otra parte, tanto en el caso del gas como en de la electricidad, las ineficiencias del mercado y la desprotección de los consumidores constituyen una de las mayores preocupaciones de las autoridades comunitarias. El 29 de marzo, el comisario Piebalgs anunciará los expedientes abiertos contra varios Estados miembros por deficiente aplicación de las directivas comunitarias.

Expedientes de competencia

Paralelamente la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, está ultimando un paquete de expedientes contra varias de las grandes empresas del sector por abuso de posición dominante o ineficiente funcionamiento del mercado. Las sanciones que podrían sufrir estas empresas podrían alcanzar el 10% de su facturación. Entre las compañías que podrían verse afectadas por las investigaciones de competencia figuran Électricité de France (EDF) y E.ON.

Un reciente informe de la Comisión Europa señala las deficiencias en materia de competencia en el sector eléctrico alemán. "Alrededor del 70% de la capacidad total de generación", señala el estudio "es propiedad de cuatro compañías, de las cuales las dos más grandes (E.ON y RWE) mantienen una posición de dominio". El estudio también señala que los precios tanto de gas como de electricidad que pagan los consumidores alemanes están por encima de la media europea.

En el caso de Francia, EDF mantiene el 90% de la potencia eléctrica instalada en el país, aunque los precios son hasta un 15% más bajos que los de la media europea. En el mercado del gas, sin embargo, los precios son ligeramente superiores.

La desventajosa situación en que se encuentra España ante la ofensiva de los grandes grupos europeos pone de relieve las graves consecuencias de la falta de sintonía registrada durante los últimos años entre los distintos Gobiernos y las empresas del sector. "En Francia", señala una fuente comunitaria, "este asunto no lo han resuelto mediante leyes que podrían ser atacadas después por la Comisión Europea, sino de una manera más pragmática. Han sentado juntos al presidente de Gaz de France y al de Suez y les han exigido a que llegaran a un acuerdo entre ellos, teniendo en cuenta los intereses nacionales". "En España", añade, "la oposición de los anteriores Gobiernos ha impedido la creación de grandes grupos como los existentes ahora en Francia, Alemania o Italia". En este sentido sólo hay que recordar las amenazadoras palabras del presidente de E.ON, Wulf Bernotat, cuando la vigilia de lanzar la OPA sobre Endesa, advirtió que en el futuro sólo quedarían tres empresas en Europa: la suya, EDF y Enel.

De todas formas, la batalla energética será prolongada. Las autoridades comunitarias están examinando con lupa tanto la OPA de Gaz de France sobre Suez, que ha desbaratado el intento inicial de la italiana Enel, como las medidas adoptadas por el Gobierno español para proteger los intereses públicos en Endesa. En este último caso, la Comisión Europea ha anunciado que dará una respuesta antes del 8 de marzo.

La situación se podría complicar más a partir del 20 de mayo, que es la fecha límite para que los Estados miembros adopten en su legislación la directiva comunitaria de OPA de abril de 2004. Esta directiva autoriza a los Estados para que permitan a las empresas de su país aplicar el principio de reciprocidad. Se trata de medidas protectoras para defenderse de ataques por parte de compañías extranjeras. La directiva fue rebajada de forma sustancial en relación a su versión inicial, y el resultado da más poder a los gestores con ciertas medidas, como no tener que consultar siempre a sus accionistas para rechazar una operación.